La tremenda situación creada en Cataluña por la intentona secesionista –ya plasmada en un acuerdo parlamentario de la Asamblea legislativa de esa Comunidad Autónoma (del Parlament de Catalunya o Parlamento de Cataluña, en su terminología estatutaria)- está produciendo un efecto particularmente perverso en el panorama político y de la opinión pública: la pretendida deslegitimación de la actuación de Jueces y Fiscales de todo orden.
Empezando por el Tribunal Constitucional y llegando a los órganos judiciales de rango local y carácter ordinario (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Audiencias Provinciales, Juzgados) y –por supuesto- la Fiscalía (desde la General del Estado, hasta la de ámbito local en Cataluña), todo ha sido puesto en entredicho por los partidos y movimientos secesionistas, negándoles legitimación para aplicar la Constitución y las leyes, cuando ello va en contra –de la manera que sea- de los intereses de dichos partidos y movimientos y de sus dirigentes históricos o más caracterizados.
Esto comenzó con la desobediencia y el descrédito de los reiterados pronunciamientos judiciales –de Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo de ámbito catalán principalmente- en materia educativa en relación con el derecho al bilingüismo catalán-castellano, frente a la inmersión obligatoria en la lengua catalana. La desobediencia administrativa de las autoridades autonómicas a estas decisiones judiciales –de forma directa o indirecta- fue escandalosa.
Luego siguió la desobediencia manifestada a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía y alcanzó su culmen con la prohibición del referéndum por la independencia, si bien –ante el temor de una actuación penalmente contundente de la Fiscalía y los Juzgados y Tribunales- se terminó canalizando la iniciativa soberanista a través de subterfugios y una explícita actividad fraudulenta. Pero alimentando una propaganda de desobediencia civil hacia la actuación judicial, cuando ésta no se corresponde con los intereses políticos soberanistas o con los de los políticos soberanistas.
La penúltima campaña es la de la deslegitimación del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal cuando persiguen los delitos de los líderes históricos –o de sus familiares- o actuales de los partidos o movimientos soberanistas, disimulando los delitos investigados como si fuera una “represalia” del Estado contra los representantes legítimos del pueblo catalán en su lucha por la autodeterminación (algo así como la versión en términos judiciales penales del “España nos roba”, con la que quieren cubrir y justificar la investigación y persecución de las defraudaciones y delitos fiscales cometidos por personajes significados del soberanismo en sus muchas manifestaciones).
Pero esto –la deslegitimación del sistema judicial y policial por los delincuentes-que es habitual en los medios delicuenciales, ha llegado a ser una actitud muy peligrosa al llegar a cuestionar la autoridad del Estado y de sus órganos judiciales para defender y hacer cumplir los principios más esenciales de la Constitución (el título preliminar, artículos 1º a 9º).
El aviso o advertencia independentista de que no van a respetar ni acatar las decisiones del Tribunal Constitucional si contradicen la soberanía del pueblo catalán, plasmada en los acuerdos del Parlamento de Cataluña, si se plasma en hechos concluyentes y va acompañada –lo cual está dentro de la misma lógica- de la desobediencia a los Tribunales ordinarios y a la actividad de los Fiscales, puede suponer la virtual quiebra del sistema.
No quiero ser alarmista, pero esa deslegitimación de la actuación judicial es el más grave atentado imaginable contra el orden establecido, la paz social y la solución pacífica de los conflictos.
Esperemos que la razón –y el respeto a la libertad y voluntad de la totalidad de los catalanes- se imponga pacíficamente y el respeto a las decisiones judiciales reconduzca la discrepancia a un proceso razonable.
Artículo escrito por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo