El principio del final de un largo desencuentro: el Cabañal

¿CUPO FISCAL? SÍ, PERO PARA TODOSPor Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal, colaborador de News Grup

El Editorial de este diario digital se refería ayer al posible final de un largo y encarnizado desencuentro urbanístico en la ciudad de Valencia: las licencias y el planeamiento urbanístico del Cabanyal. Un problema casi centenario y que tiene su origen en la posibilidad de que se conecten el casco urbano central de Valencia con
la playa mediante una Avenida ajardinada que iría desde los Jardines de Viveros hasta el mar, en línea casi paralela con lo que era el paso de mercancías de la ciudad al Puerto –el antiguo camino al Grao, actual Avenida del Puerto.

Esta Avenida ajardinada –que se iniciaba originariamente en una ciudad jardín proyectada y parcialmente ejecutada colindante con los Jardines de Viveros y unía teórica e inicialmente con el mar (de hecho se llamó originalmente “Paseo de Valencia al Mar”)- fue defendida ardorosamente por Vicente Blasco Ibáñez –de quien tomó nombre posteriormente el anterior Paseo al Mar-, aunque en lo defendido por éste, al igual que en el proyecto de Casimiro Meseguer no era exactamente una unión con la playa o ribera del mar, sino son los poblados marítimos.

Éstos –y sus singulares características morfológicas, tanto de trama urbana, como de tipología edificatoria y de características de vida de barrio muy específicas- y su conservación, frente a la conveniencia indudable de conectar la ciudad de Valencia con sus magníficas playas –y hacer así de ella una capital marítima, en vez de la
ciudad capitalina de interior, aunque próxima a un puerto industrial, que siempre fue-, ha constituido una tensión constante en este aspecto de diseño urbano, y que ha llevado a enfrentamientos muy serios entre –por ejemplo- el partido popular y el socialista (aunque éste al hacer el Plan General de Valencia de 1988 contempló
la posibilidad de la prolongación hasta el mar de la Avenida de Blasco Ibáñez, pero lo dejó para el posterior planeamiento de desarrollo), y su traslación a las Administraciones intervinientes –Ayuntamiento y Generalitat por un lado y el Estado por el otro (incluso en los momentos en que llega el PP al Gobierno estatal no se termina de solucionar el conflicto entre Administraciones, pues lo informes técnicos siempre han sido conservacionistas y el Estado siempre ha sido más próximo a estos)-, lo cual ha llevado a unos interminables intercambio de
estocadas normativas y administrativas, y a los interminables –y en parte contradictorios procesos.

Para resumir los antecedentes inmediatos de la situación actual diré sucintamente que en 2001 el Ayuntamiento aprueba un Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI) que contempla la prolongación de la Avenida hasta el mar y reordena en gran parte los poblados marítimos. En torno a ello se producen dos batallas legales y judiciales, cuyos actores son el Ayuntamiento y la Generalitat por un lado y enfrente el PSPV, el Estado y colectivos de afectados.

Los primeros rounds quedan en tablas pues el Ayuntamiento vence en los recursos judiciales que se formulan contra el PEPRI -que es confirmado por los Tribunales-, pero el Tribunal Supremo otorga la competencia para proteger el patrimonio histórico artístico del ámbito municipal afectado (el Cabanyal) al Estado; en ejercicio de esta competencia la Ministerio de Cultura –entonces dirigido por la Sra. Sinde- dicta una Orden ministerial declarando que la ejecución del PEPRI supone un expolio del patrimonio histórico artístico y paralizándolo. Como repuesta a esto, el Ayuntamiento recurre esa Orden ministerial –y pierde el recurso- pero la Generalitat dicta primero un Decreto-Ley y luego una Ley por las que deja sin valor real la Orden ministerial y permite seguir con el PEPRI.

El Estado contraataca recurriendo ante el Tribunal Constitucional el Decreto-Ley y la Ley de la Generalitat y el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la vigencia de estas Leyes y –hasta que finalmente resuelva el Tribunal Constitucional sobre las normas valencianas- sigue paralizado el PEPRI.

Mientras tanto, ni se ejecuta el PEPRI, ni se conceden licencias urbanísticas de ningún tipo en el ámbito urbano con el planeamiento suspendido, por lo que no pueden acometerse obras de rehabilitación o demolición en un área que tiene importantes problemas de degradación edificatoria.

Como se suele decir en el refranero bélico –y el caso del Cabanyal es, indudablemente, un “casus belli” con las espadas en alto (después de haber chocado varias veces, como he intentado resumir)- “los duelos de artillería los paga la infantería” y en este caso las contiendas entre partidos, Administraciones, expertos y colectivos de afectados (pues no debemos olvidar que si bien hay un colectivo denominado “Salvem el Cabanyal” que se opone al PEPRI, la Alcaldesa Rita Barberá principal impulsora y defensora del proyecto ha obtenido en las elecciones municipales de estos últimos veinte años –y especialmente en las últimas convocatorias- aplastantes mayorías de votos en las mesas electorales del Cabanyal), las están pagando propietarios individuales y empresas que no pueden tramitar sus licencias urbanísticas por estar suspendido el planeamiento.

Sin embargo –como ayer anunciaba este mismo diario- parece que se vislumbra una solución, al menos para los interesados en la obtención de las licencias. El Ayuntamiento inició el pasado año -2014- una reformulación del PEPRI intentando ajustarlo –sin renunciar a sus principales principios inspiradores- a la Orden del Ministerio de Cultura y –aunque está sin terminar de aprobar (pues en la fase de información pública se han presentado numerosísimas alegaciones)- este Ministerio a su vista ha respondido a una consulta del Ayuntamiento en el sentido de que se pueden conceder licencias en el ámbito del PEPRI. Eso sí, analizándolas una a una y comprobando que no perjudican los valores histórico artísticos que la Orden protege. Con base en esta respuesta del Ministerio, el Ayuntamiento ya ha animado a los interesados a presentar solicitudes de licencias, que ahora tendrá que examinar y verificar que no afectan a los valores protegidos por la Orden en su ámbito de aplicación y –muy especialmente- en la parte del Cabanyal que está declarada BIC (Bien de Interés Cultural), que es aproximadamente un 4% del total.

Esto, obviamente, no es el final del problema –pues la revisión del PEPRI todavía traerá mucha controversia-, pero sí que va a dar un respiro a los particulares y empresas que soliciten las licencias e –indudablemente- supone un principio de acuerdo y, esperemos, de diálogo constructivo. Esperemos.