El runrún de la intervención

Con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno se cubrió las espaldas para tratar de marcar una línea roja, eficiente, frente a unas CC.AA que siguen generando una buena parte del descontrol en las finanzas públicas, y que tienen en el crecimiento desmesurado de la deuda pública su principal consecuencia.

Ante este panorama, se aprobó una legislación muy importante, que todavía no se ha aplicado en ningún gobierno autonómico, pero que empieza a planear seriamente sobre las cabezas de Alberto Fabra y los miembros de un Consell desbordado, incapaz de hacer frente mes tras mes a sus obligaciones de pago, tanto en servicios básicos como con sus proveedores.

La situación de la Generalitat Valenciana es ahora mismo una de las grandes preocupaciones de Montoro, Beteta o Rajoy, por razones más de peso que especulativas.

Para empezar, el tira y afloja de la financiación autonómica es una situación conocida y asumida tanto desde el Consell como el Estado. Sin embargo, en los últimos meses el problema ha comenzado a agravarse con cruces de declaraciones cada vez más duros entre ambas partes, que no dejan de sorprender a los valencianos.

Porque de poco les sirve a los ciudadanos de esta Comunitat que Beteta o Montoro exijan más ajustes en la administración regional, mientras que el Consell afirma una y otra vez, que no se podrán cuadrar las cuentas a menos que cambie el modelo de financiación.

A estas alturas, el President Fabra y sus consellers deberían haberse dado cuenta que ni Montoro ni Rajoy están por la labor de cambiar la financiación de las autonomías, al menos a corto plazo, mientras la tesorería del Estado no pueda estabilizarse.

De momento, y a pesar de que el Tesoro ha colocado bonos de deuda con intereses muy bajos, el Gobierno ha tenido que echar mano de la “hucha” de la Seguridad Social, una vez más, para pagar la extra de las pensiones con la llegada del verano. Y además, sigue sin poder ajustarse a los parámetros de déficit exigidos por Bruselas.

Es decir, que han aumentado los ingresos del Estado, pero siguen siendo insuficientes para cubrir los pagos regulares en la administración y sus múltiples departamentos, servicios básicos o proveedores.

Y si esta situación es compleja a nivel nacional, imagínense que puede demandar una región como la Comunitat Valenciana, que para empezar, quedó muy lejos del cumplimiento de déficit en 2013, cerrando el ejercicio con 2,3% cuando lo tendría que haber fijado en el 1,6%, y cuando para éste año 2014 el límite no puede superar el 1%.

La realidad de ese incumplimiento salta a la vista, a pesar de los mensajes del gobierno valenciano. Por A, por B o por la razón que sea, lo cierto es que se gasta más que se ingresa y así resulta muy difícil poder demostrar el cumplimiento de pagos tanto al Estado como a Bruselas.

Una tesitura muy compleja, sin duda, para el Gobierno de Fabra, que empieza a oler la intervención ante su incapacidad para acercarse, por lo menos, a lo que les exigen los organismos superiores.

Simplemente, conviene repasar el excesivo gasto que suponen las empresas públicas dependientes de la Generalitat. Porque a punto de afrontar las vacaciones de verano, lo cierto es que apenas hay constancia de entidades que hayan cerrado sus puertas cuando esta medida supondría un alivio sustancial para las cuentas autonómicas.

Si a ese factor fundamental le unimos la baja recaudación en impuestos de Sucesiones, Enajenación del Patrimonio, Donaciones, Tasas de Juego, etc.. nos encontramos que difícilmente el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio podrá aprobar el Plan Económico Financiero de la Generalitat, cuyo único lema es que no habrá más recortes en Sanidad o Educación, a pesar de tener que cumplir con objetivos presupuestarios.

Una situación compleja, sin duda, que pone al Consell contra las cuerdas, y lo que es peor, al autogobierno valenciano, por una gestión que no cumple con los parámetros exigidos por el Estado y Bruselas, y sobre la que empieza a planear algo más que un run run para la intervención de las cuentas autonómicas.

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