Como si hubiéramos retrocedido tres décadas, parece que toca ahora posicionarse a favor de aquello que en la transición democrática se denominó el “encaje autonómico”, bien aderezado por el Título Octavo de nuestra “sacrosanta” Constitución, desembocando en la configuración del Estado autonómico actual, tan vilipendiado como nunca a causa de la galopante crisis económica y el renacimiento de tanto “separador” y “separatista”… supresión de competencias, derechos a decidir, recentralizaciones y referéndums…
Y mientras, los ciudadanos de esta “bendita” Comunitat Valenciana, esas cinco millones de bocas, las peores financiadas de todo el conjunto peninsular y últimamente las menos consideradas en todo y por todos… de manera injusta, alarmante y oprobiosa… viéndose zarandeados “a diestro y siniestro” en esto del espítitu identitario “versus” la formación del espíritu nacional. Entre el ministro Wert y sus ocurrencias, la caverna mediática madrileña manipulándonos tal sirenas a Ulises, los partidos catalanes utilizándonos para su política interna… Y aquí siempre siendo la media de todo y en todo, para lo bueno y para lo malo… Un dato: durante el año pasado la Generalitat Valenciana ha pedido al Gobierno central asistencia financiera por casi 10.000 millones de euros para atender vencimientos de deuda, pagar a proveedores y otros gastos. Dato que pone de manifiesto nuestra total dependencia del estado. Y así llegamos al quid de la cuestión: ¿dónde queda la autonomía de la Comunitat Valenciana?
He ahí el auténtico debate identitario… el debate real, el que debería ponerse sobre la mesa: el del alcance de la autonomía de los valencianos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestro autogobierno? ¿Somos capaces de reclamar con firmeza ante el Gobierno central una financiación justa? ¿Queremos una estructura autonómica relevante o nos conformamos con ser gestores de lo mínimo? Hay dos opciones, ambas legítimas. Una pasa por renunciar a tener un amplio autogobierno. Asumir que la autonomía de la Comunitat Valenciana tiene un límite. La otra, aspirar a tener la capacidad de decidir sobre cuantos más asuntos mejor. Es evidente que para esta última opción es necesario contar con una financiación adecuada…. Volvemos a los Gobernadores Civiles o nos creemos aquello del principio de subsidiariedad…
Eso de que «la culpa de todo la tienen las Comunidades Autónomas»… huele a naftalina… Quien tenga alguna duda que compare cómo se han cubierto servicios y prestaciones autonómicas a lo largo de nuestro territorio y lo que ocurre con las competencias que el Estado sigue ejerciendo por estos lares… ¿Queremos una salud y una educación gestionadas con el mismo criterio con el que han planificado el tren Gandia-Dénia, la conexión férrea Tarragona-Castelló o la vertebración por carretera de norte a sur? No hace falta ser muy listo para ver que los ciudadanos condicionamos más y mejor las decisiones si éstas se adoptan en una instancia cercana.
Catalunya, País Vasco, Andalucía o Galicia tienen ya claro por dónde van los tiros. Son sociedades que van a defender su autogobierno. De diferentes maneras, eso sí… Pero con gobiernos que se sienten responsables, en primer lugar, ante sus ciudadanos. Algo muy necesario por estas latitudes y que debemos exigir. Ya está bien de plegarse a los intereses centralizadores, ya está bien de no denunciar en voz alta que estamos infrafinanciados, que España necesita un Corredor Mediterráneo, que el agua ha de ser para todos… Ya está bien de aguantar el maltrato recibido por decisiones que siempre toman otros y en nuestra contra. Y es responsabilidad de toda la sociedad valenciana, empezando por nuestros políticos, siguiendo por empresarios y sindicatos, y acabando por cada uno de los ciudadanos, de clamar por aquello que nos corresponde. Amén.
Lluís Bertomeu
@lluisbertomeu