La derogación de la Ley de Señas de Identidad del pueblo valenciano

escraches y democraciaMariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal - Colaborador de Valencia News

El jueves pasado se produjo una votación en las Cortes Valencianas que va a traer, a la larga, mucha más repercusión de la que ha tenido en las noticias cotidianas.

Se trata de la derogación por las Cortes de la “la Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano” (que en adelante abreviaremos llamándola simplemente la Ley de Señas de Identidad), por el voto en tal sentido de los grupos integrados en el tripartito gobernante en la Comunidad y de la mitad de los diputados de Ciudadanos.

Esta Ley fue aprobada en 2015 -durante el semestre de mayoría absoluta del Partido Popular- con los solos votos de éste. Por así decirlo, no ha durado ni un año en el cartel.

Otras leyes aprobadas por el Partido Popular de gran trascendencia -como las leyes de Territorio, Urbanismo y Paisaje, o la de Puertos- han sido implemente objeto de modificaciones parciales a través de la Ley de acompañamiento, que comentaba la semana pasada en este mismo diario. Esto tiene su lógica, pues es obvio que, al producirse un cambio de mayoría parlamentaria, la nueva mayoría tiene que cumplir su programa y adaptar para ello el marco legislativo.

Lo llamativo es que se produzca no una modificación, sino una derogación total sin sustitución -total o parcial- por otra norma que responda al enfoque de la nueva mayoría parlamentaria. Esto sólo puede significar una cosa: que la nueva mayoría no acepta la existencia misma de la Ley y de su objeto.

Dado que se trata de “la Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano”, el significado es diáfano: los grupos políticos que han promovido y avalado esta derogación no asumen que una norma legal “reconozca, proteja y promueva” unas señas de identidad del pueblo valenciano.

Si simplemente hubieran tenido discrepancia en cuáles son las señas de identidad del pueblo valenciano (respecto de los que -obviamente- caben discrepancias ideológicas) o en los medios para su protección (también muy distintas según planteamientos partidistas, como en el papel y protagonismo de las distintas Academias, sobre todo en relación con la lengua), la cuestión se podría haber limitado a una reforma -más o menos amplia- de la Ley de Señas de Identidad.

Por ejemplo, la Ley aprobada por el Partido Popular creaba un Observatorio de las Señas de Identidad -órgano consultivo adscrito a la Conselleria competente en materia de Cultura- y en ese Observatorio estaban representadas instituciones como la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat, pero no la Academia Valenciana de la Lengua. Lógicamente esto no resulta muy compatible con los postulados de política lingüística y cultural del tripartito gobernante, pero hubiera bastado con reformar la composición del Observatorio -incluso justificándolo en la mayor adaptación al vigente Estatuto de Autonomía (que sí establece órgano estatutario la Academia Valenciana de la Lengua)-, al igual que con la inclusión de algunas concretas señas de identidad.

Lo que no acabo de entender -y probablemente tampoco lo entenderán muchos ciudadanos cuando vaya calando en la opinión pública esta derogación- es el que se dé un paso atrás tan importante en la definición de una identidad propia del pueblo valenciano.

Nada tiene que ver esto con las aventuras secesionistas de otras Comunidades, no se trata de afirmar diferencias que nos separen del resto de los españoles, sino de afirmar unos signos de identidad que nos configuran como pueblo.  Y de asumir con orgullo una tradición y una cultura propias -que están incardinadas en unas tradiciones y culturas más amplias y comunes con otros pueblos-, lo que no excluye la pertenencia a esos colectivos políticos o culturales, pero nos sirve para auto identificarnos. Y valorarnos un poco más a nosotros mismos.

 

Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal