El anuncio por el Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el pasado lunes de la disolución de las Cortes Valencianas y la consecuente convocatoria de elecciones para diputados en dicha Cámara legislativa ha sido –no por esperada menos relevante- la gran noticia político-jurídica de esta semana.
Pero ¿qué significa exactamente este Decreto de disolución de las Cortes Valencianas y convocatoria de elecciones?.
Parece obvio que el primer significado y efecto es el de que termina una legislatura y va a comenzar otra –tras pasar por el escrutinio del pueblo soberano a través de las urnas-, pero esto tan evidente –luego desarrollaremos otras cuestiones menos llamativas, interesantes- precisa de algunas matizaciones para resaltar su trascendencia y significado en el orden político.
La primera cuestión a comentar es que esta disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones obedece a la finalización del mandato legal de cuatro años de las Cortes actualmente en funciones. No obedece –por tanto a una disolución y convocatoria de elecciones anticipadas. Esta posibilidad la tiene el Presidente de la Generalitat en la redacción vigente del Estatuto de Autonomía (no así en la versión original del Estatuto) y con todas las crisis y contingencias que han ocurrido en esta legislatura. Desde la dimisión de Francisco Camps a los pocos meses de inaugurarse ésta, la dimisión hace unos meses del Presidente de las Cortes, y la controvertida “línea de tolerancia cero” con las imputaciones penales, que ha supuesto la salida de diputados, alcaldesas y alcaldes, altos cargos y otros responsables políticos (lo cual he generado momentos de gran tensión en las filas del ejecutivo y del partido en el Gobierno); ha habido momentos en estos cuatro años que la disolución anticipadas de las Cortes y la convocatoria de elecciones se ha visto como la única solución posible a la grave situación.
El agotamiento de la legislatura tiene, a mi juicio, una trascendencia notoria. Se podría decir –en lenguaje coloquial- que “con lo que ha caído” el que se haya terminado la legislatura, cuando muchos no veían otra solución que la disolución anticipada de las Cortes y consecuentemente una convocatoria electoral anticipada, es un acaecimiento importante –y meritorio para los que han sabido llevarlo a término- que revela la madurez del sistema autonómico valenciano y de la democracia en él.
Tampoco ha colaborado con estas vicisitudes políticas el entorno económico financiero. La grave crisis económica y financiera, con la secuela del abrumador desempleo, la pérdida de las entidades financieras valencianas, y el agravamiento del estructural agravio comparativo de la financiación de la Comunitat Valenciana respecto de otras Comunidades Autónomas, ha producido en esta legislatura momentos particularmente tensos. Sin embargo, hemos conseguido salir con normalidad institucional –con muchos duros ajustes económicos y una feroz criba en la clase política- y agotar la legislatura. Ello ha hecho que podamos con normalidad acompasar nuestra convocatoria electoral autonómica a la convocatoria electoral municipal general y mantenernos a la habitualidad de las Comunidades Autónomas sin graves crisis institucionales.
Debemos congratularnos por ello y esperar que las grandes cuestiones que han quedado pendientes para la siguiente legislatura –la financiación autonómica, la reestructuración de nuestros sectores productivos y la final resolución de nuestra controvertida identidad comunitaria- se resuelvan igualmente en esa nueva legislatura que comenzaremos tras las elecciones del 24 de mayo próximo.
Abordando otras cuestiones, más técnicas, de los efectos de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, la más evidente es el cese de las actuales Cortes, si bien los diputados lo seguirán siendo hasta del día de las nuevas elecciones. Pero las funciones de la Cámara serán asumidas por la Diputación Permanente –formada por dieciocho diputados en proporción a la dimensión de cada grupo parlamentario-, como ocurre en los periodos vacacionales. Las competencias, no obstante de la Diputación Permanente son reducidas, pues legislativamente se limitan al control de los actos del Ejecutivo. Por ejemplo, ahora la Diputación permanente tiene que convalidar o rechazar el último Decreto-Ley del Consell (relativo a cuestiones presupuestarias), pero no tramita los procedimientos legislativos ordinarios.
Por el contrario –y éste es otro de los efectos más importantes de la disolución y convocatoria de elecciones- caducan y quedan sin efecto las iniciativas legislativas actualmente en trámite, y tendrán que volver a formularse, en su caso, en la nueva legislatura.
Afortunadamente, los proyectos de Ley de mayor trascendencia han sido aprobados en las últimas semanas y quedan pocas cosas caducadas. Así, se han aprobado muy recientemente la Ley de Transparencia y la Ley de Señas de Identidad de la Comunitat Valenciana, y la nueva Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Generalitat.
Quedan sobre el tapete un proyecto de ley muy interesante sobre iniciativa legislativa popular y una proposición de ley que puede ser polémica, pero también muy interesante, sobre la recuperación de la memoria democrática valenciana.
Pero estas iniciativas de normas quedarán –si las nuevas Cortes lo estiman y sus proponentes perseveran en ello- para las Cortes que salgan de la convocatoria del 24 de mayo próximo y que pueden ser de las más decisivas de las últimas décadas, pues lo que salga de las urnas tiene como principal misión el consolidar el despegue –que parece se inicia- de la economía y la prosperidad de nuestra Comunidad. Apasionante