Los tiempos que corren no son buenos tiempos para la lírica. Suele suceder sobre todo en épocas de vacas flacas. Y por hoy lo son. Al menos para un sector, importantísimo, de la población valenciana.
Se identifica este sector, el menos favorecido, con el del grupo de extrabajadores, arrojados de su puesto de trabajo, que han debido solicitar prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (F.G.S).
Para llegar a esta lamentable situación se ha producido, previamente, una extinción de su contrato por vía de despido improcedente, despido objetivo o mediante expediente de regulación de empleo. Un segundo bloque de reclamaciones al FGS proviene de demandas en reclamación de cantidad (salarios, atrasos, pagas extraordinarias, vacaciones o finiquitos…) que las empresas no han atendido, por falta de liquidez o por desaparición de las mismas.
Tras largo tiempo de espera (acuerdos sentencias, según los casos) el trabajador obtiene el título para presentar la documentación ante esta institución radicada – en el caso de Valencia- en Ángel Guimerá 33-1º y espera que exista una Resolución y la habilitación del dinero a través del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Como los peticionarios son muchos y el dinero disponible del Ministerio de Empleo y Seguridad Social poco abundante, el FGS se ha inventado el truco del almendruco: hacer requerimientos absolutamente innecesarios para prolongar el procedimiento.
Tras la larga travesía del desierto para obtener la insolvencia provisional o técnica, según los casos, o la acreditación de que la empresa se encuentra en concurso de acreedores, la muralla del Fondo se alza y alarga de manera pétrea: ¡no pasaréis!.
Y el funesto organismo se inventa requisitos de imposible cumplimiento las más de las veces y no exigidos por ley. Nóminas no pagadas -certificadas por los administradores concursales- sentencias inexistentes e innecesarias… Todo lo que se le ocurra con tal de no pagar.
Por ejemplo: transformar un ERE con acuerdo y la pertinente reclamación de las cantidades indemnizatorias acordadas en el SMAC (como procede) en un despido objetivo sin sentencia y, por tanto, con denegación de la prestación. ¡Vaya ocurrencia!.
Todo con tal de no ampliar la plantilla de funcionarios, reorganizar el trabajo y hacerlo más eficaz. Todo con tal de poner en manos de empresas privadas su gestión y tirar a la basura 3´5 millones de euros para engrosar las arcas de Isabel Tocino y la cuenta de resultados de sus empresas contratadas.
¡Y, mientras, los extrabajadores sin percibir sus prestaciones! El Fondo se guía por un principio: el elogio de la lentitud.
Así nos va.