Estas circunstancias trágicas que amenazan la unidad de todos los españoles y ponen severamente en peligro el bienestar de los ciudadanos que habitan en Cataluña (eventual separación de la Unión Europea, de su unión aduanera, de su moneda, de su mercado único, retirada total o parcial de las entidades bancarias, ausencia de financiación y crédito internacional, ausencia de protección de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de sus servicios de inteligencia frente al crimen organizado, el terrorismo y demás amenazas, pérdida el reconocimiento internacional del sistema educativo y universitario, etcétera) nos hacen plantearnos si debemos los valencianos hacer un esfuerzo en pro de la unidad y atenuar nuestras reivindicaciones de mayor y más justa financiación, mayores inversiones en nuestro territorio, incremento o mantenimiento -al menos- de los caudales de agua provenientes de otras Comunidades y demás aspectos por los que insistimos en nuestros derechos.
Creo que no, que no debemos cejar en nuestras reivindicaciones y sin dejar de apoyar la unidad de España, reafirmarnos en ellas. Me explico.
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas –y de estas entre sí- deben estar presididas por el principio de lealtad constitucional. Ésta es algo distinto de la lealtad federal o lealtad a la federación –concepto surgido en el ámbito del federalismo alemán y parcialmente seguido por otros Estados federales o confederales. En estos la federación –al menos teóricamente- surge de un pacto federativo o asociativo entre los distintos Estados federados, pero ese no es nuestro caso.
Nosotros, a veces conviene recordarlo, venimos de una tradición de Estado unitario centralizado de corte francés. Si hemos llegado al Estado de las Autonomías –un modelo todavía no cerrado y en evolución- ha sido mediante un proceso de Transición política que culminó en un pacto constitucional –entre fuerzas políticas, no entre territorios- que estableció un modelo inicialmente regional, y parcialmente descentralizado, que evolucionó hasta el actual Estado de las Autonomías un poco a rastras de las Comunidades más centrífugas y en la zaga del principio “café para todos”.
En la base y el de todo nuestro sistema territorial está la Constitución y su desarrollo a través de Leyes Orgánicas (los Estatutos de Autonomía entre ellas) y de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Éste ha sido el principal muñidor del sistema y con sus vaivenes y sus discutidas y discutibles decisiones ha ido formando un sistema perfectible y que ahora nos planteamos actualizar, pero que está ahí y ha funcionado con una razonable efectividad y dentro del que hemos alcanzado cotas importantes de desarrollo y convivencia pacífica (con altibajos, terrorismo y crisis económica, como todo el resto del mundo, pero hemos llegado hasta aquí).
Pues bien, la lealtad constitucional, es decir, el respeto por las reglas del juego y la decidida adhesión a sus principios y valores, la apuesta por la solución pactada, negociada y en caso de discrepancia el sometimiento a los Tribunales, es la garantía de que el sistema va a seguir funcionado sin rupturas, ni saltos en el vacío.
Pero esta lealtad constitucional no implica –como tampoco lo hace la lealtad federal en esos sistemas- una dejación de las propias reivindicaciones y la exigencia de un trato justo y equitativo. Sí que implica la no utilización de medios arteros, ni de chantajes institucionales, pero no de las justas reivindicaciones y, en su caso, de la utilización de la vías judiciales para remediar las injusticias y restablecer el orden constitucional.
Por eso, nuestra lealtad constitucional –que debemos mantener, y mantenemos, como Comunidad y como pueblo- no debe cuestionarse, ni abandonarse. Pero esa lealtad no debe hacernos abandonar la firmeza en nuestras reivindicaciones de una mejor financiación, de unas infraestructuras suficientes y de una justicia distributiva en el reparto de los recursos hídricos. Lealtad sí, firmeza para reclamar lo nuestro dentro de la unidad y la solidaridad, también.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal