Giuseppe Tomasi di Lampedusa fue un aristócrata y escritor italiano de la primera mitad del pasado siglo XX. En su única y famosa –sobre todo por su conocida versión cinematográfica dirigida por Visconti- novela “El Gattopardo”, un cínico personaje formula la frase que se ha hecho lapidaria de “Que todo cambie para que todo siga igual”.
Esto dicho en el entorno geopolítico de la revolución garibaldina a la que subsiguió la unificación de Italia y en un ambiente aristocrático de las Dos Sicilias, tenía un gran calado y una profunda carga política. Y ha quedado no sólo en los anales de la literatura y de la cinematografía, sino de la politología con un nombre propio, el de
“lampedusiano”.
Sin embargo, en la realidad política española, se ha producido –por lo que estamos viendo ahora- un fenómeno político a la inversa: la paradoja lampedusiana ha sido puesta en práctica a la inversa y así “nada cambió, para que todo cambiara”.
Eso puede parecer absurdo, pero si analizamos el desarrollo de los acontecimientos en aquellas Comunidades en las que ahora tenemos planteados mayores cambios –o potencialmente planteados mayores cambios- lo cierto es que en los inicios del cambio de sistema político, los cambios fueron mínimos y contenidos, mientras que en las Comunidades en las que las arrancadas autonómicas fueron impetuosas, el planteamiento actual es mucho más moderado.
Naturalmente, estoy pensando y me estoy refiriendo a los dos casos paradigmáticos en el conjunto del Estado: el País Vasco y Cataluña.
En el País Vasco se produjo una entrada del sistema autonómico casi volcánica: se legalizó la ikurriña (hasta hacía poco prohibida y con atentados mortales en torno a su ubicación en lugares públicos e intentos de retirada de ella por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; se retiraron de las calles éstas y fueron sustituidas por la Ertzainza –lo que hizo a sus miembros objeto asimismo de atentados mortales-; reivindicaciones en pro de los presos de ETA desde algunas de las instancias administrativas autónomas; y enfrentamientos institucionales de calado –como el caso Atuxa o el frustrado plan Ibarretxe, por ejemplo- llegaron a puntos de casi ruptura de la legalidad constitucional, siempre reconducida a la legalidad por los Tribunales y la tremenda violencia latente o explícita. Y actualmente se produce una tranquila alternancia institucional entre el nacionalismo separatista radical y el nacionalismo moderado, con presencia mayor o menor de los partidos estatales, pero sin planteamientos rupturistas. Podríamos decir que la tensión inicial –que fue uno de los detonantes de la intentona golpista de 1981, y que ha persistido lustros hasta el cese de la violencia- que auguraba un cambio radical en un sentido o en otro, ha terminado en unas aguas relativamente tranquilas (sobre todo en comparación con lo que pareció o una inminente ruptura del Estado, o una involución radical).
En resumen, en el caso vasco, los grandes cambios iniciales, o grandes planteamientos de cambios iniciales -quizás por lo desmesurado de sus innovaciones- ha terminado en un relativo continuismo (dentro de un obvio esquema autonómico privilegiado, pero ya conseguido desde el principio). Aquí la paradoja lampedusiana ha tenido un cumplimiento –adaptado a la realidad local, claro- casi exacto (cambiarlo –inicialmente- todo, para finalmente no cambiar realmente nada).
En el caso catalán es totalmente contrario. La irrupción del fenómeno autonómico en el ámbito catalán tuvo unas primeras décadas mucho más tranquilas y con cambios poco magnificados. Una vez sofocados –desde la propia sociedad civil catalana- los ardores iniciales, los cambios en el esquema institucional han sido paulatinos y pausados. La sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los Mossos d’Esquadra no fue noticia de portada y los episodios de violencia (Terra Lliure, vandalismo extremista callejero) tratados mediáticamente como algo anecdótico y sin apoyo institucional alguno. Tan sólo en aquel ámbito donde el cambio podía ser de mayor calado y trascender hacia una auténtica transformación social –el ámbito educativo-, se produjo un cambio muy significativo, pero muy sutilmente introducido. Y esto, hasta el punto de que todo el ruido que ha suscitado, lo ha sido por los contrarios al cambio y las decisiones judiciales promovidas por éstos, pero no por alharacas de los autores del cambio. Estos, la verdad, es que mucho se cuidaron de proclamar ni sus intenciones, ni sus acciones, al contrario, desvirtuaron –como exagerados y alarmistas- a los contrarios a sus políticas de inmersión lingüística y de trasmutación de la historia. Si embargo, ahora hay una amenaza real a la unidad del Estado en Cataluña.
El planteamiento es, pues, y trasladado a la paradoja lampedusiana, el contrario al caso vasco: aparente e inicialmente no sucedieron grandes cambios, pero el cambio ha sido radical (no cambiar nada, pero finalmente cambiarlo todo). La sociedad civil catalana –que al principio de la transición moderó las ansias nacionalistas y las cobijó con una capa de moderación- ahora parece que tiene una irreprimible voluntad soberanista que lleva a las instituciones autonómicas a unos planteamientos independentistas abiertos; impensables aparentemente en los tiempos del Presidente Tarradellas o los primeros tiempos, incluso, del Presidente Pujol.
Este pequeño y muy simplificado análisis de los casos vasco y catalán desde la óptica de la paradoja de Lampedusa, me hace plantearme qué rumbo y ritmo tomará el previsible planteamiento de cambio sustancial que la nueva mayoría política en la Comunidad Valenciana, lógicamente, pretende producir en la sociedad valenciana.
Si observamos los primeros pasos de los nuevos gobiernos –tanto autonómico, como de las principales ciudades donde ha habido cambios de mayoría gobernante-, la verdad es que no ha habido grandes cambios –al menos emblemáticos- y la bandera, el himno, y las primeras decisiones importantes no tienen en absoluto un planteamiento revolucionario.
Esta moderación y un ritmo pausado en los cambios previsibles, sin grandes gestos, ni grandes innovaciones, parecen indicar que –en el medio y largo plazo- sí se van a producir cambios significativos en la sociedad y en el modo de hacer la tarea de gobierno. Probablemente, el nuevo planteamiento se hará más notorio –y tiene, además, una lógica política electoral evidente- tras las próximas elecciones generales, de cuyo resultado dependerá probablemente el ritmo del cambio. Aunque, en ningún caso, si se quiere que el cambio sea realmente profundo y perdurable, tendrá una manifestación arrolladora, ni traerá consigo una especial incidencia en los aspectos que pudieran generar una mayor alarma social y un rechazo que frustraría el éxito a largo plazo de los cambios pretendidos.
Texto: Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal