Es una muestra más del cúmulo de despropósitos en los que se ha convertido la legislación en los últimos años. Y esto no es un problema exclusivamente valenciano ya que en otras regiones la burocracia entorpece más que beneficia los intereses del sector privado, principalmente.
Con esta introducción es fácil deducir el tema del cual hablamos en estas líneas. La apertura en domingos y festivos del comercio en general, y de la gran superficie en particular, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los ayuntamientos cuando debería ser la Generalitat la única interlocutora para mediar en una situación que genera excesiva controversia.
Decía el alcalde de Alfafar, Juan R. Adsuara, hace unos días, que para regular la situación con solvencia debe ser la Generalitat la encargada de legislar, ya que es la que cuenta con más medios para dictaminar la conveniencia o no de las aperturas en determinadas zonas y fechas concretas.
Adsuara plantea esta opción cuando tiene encima de la mesa la patata caliente de una de las zonas comerciales más importantes de la Comunidad Valenciana, que ante la llegada de Ikea en junio ejercerá de lobby de presión para conseguir con esas aperturas satisfacer sus intereses.
Y ante esta tesitura qué puede o debe hacer en este caso Alfafar, cuyos recursos limitados no permiten hacer profundos estudios de mercado o un seguimiento que determine la conveniencia de esas aperturas, teniendo en cuenta también la conciliación de intereses comerciales con las jornadas laborales de los trabajadores.
Es un problema no solo para Alfafar sino para otros municipios como Valencia. La puesta en marcha de estas aperturas en zonas concretas hace unos meses con la etiqueta de afluencia turística, ha puesto encima de la mesa un nuevo modelo que pretende convertir a la Comunidad Valenciana en polo turístico de compras, al estilo de otras grandes ciudades.
La experiencia que ha registrado Valencia hasta la fecha genera más sombras que luces, al igual que ha sucedido en Madrid, donde el modelo tampoco ha resultado muy prolífico en el centro urbano, aunque sí que funciona en otras zonas comerciales de la periferia.
Aún así, hablamos de una experiencia bastante verde en España respecto a otras grandes capitales internacionales, donde las compras sí que se han convertido en un referente de atracción, sobre todo para los turistas con poder adquisitivo.
Al parecer, el consumo camina hacia un modelo de liberalización completa de cara al posicionamiento turístico de las grandes urbes que luchan enconadamente por captar un mayor número de visitantes, utilizando el argumentario de las grandes superficies para no poner trabas al consumo.
Y tal vez sea cierto, pero no lo es menos que lo que funciona en Londres o N. York no tiene porqué hacerlo de la misma forma en Madrid o Valencia, entre otras cosas, porque la cultura es diferente y la climatología juega un papel destacado.
Esa es la gran arma de la Comunidad Valenciana, el tiempo. Y ello genera un foco de atracción turística por sí mismo, como está demostrando una temporada que ya viene avalada por los buenos números de Semana Santa y el 1 de mayo.
Que el comercio abra libremente y de más opciones al comprador parece inevitable, que la guerra entre las grandes superficies y el pequeño comercio parece que también, para desesperación de muchos autónomos. Pero no es menos cierto que un tema tan espinoso no debe estar en manos de unos municipios que ante la crisis están cogidos de pies y manos.
Tal vez sea una buena solución abrir domingos y festivos para generar empleo, pero esto es algo que en España aún está pendiente de mostrar su efectividad salvo en zonas muy concretas.
Que hay que potenciar la oferta, podemos estar de acuerdo. Pero para ello, como en tantas otras cosas, hay que buscar soluciones con criterio y sentido común. La primera de ellas es el papel de la Generalitat como mediador utilizando herramientas como, por ejemplo, el Observatorio Valenciano del Comercio.
Y la segunda puede ser acogerse a una propuesta del Ayuntamiento de Alfafar, donde su alcalde, Juan R. Adusara, se muestra partidario de esas aperturas, pero con matices, utilizando modelos temporales por meses, por un fin de semana al mes, etc.
Es decir, compensando oferta con demanda, con mucho criterio. Eso es papel de la gran Administración y no de los Ayuntamientos, para dejarles claro a las grandes superficies que no todo vale, que las aperturas sin sentido no deben producirse y que tanto los trabajadores de esos centros como los autónomos puedan tener conciliación en su vida laboral.
Es un esfuerzo y un trabajo de todos, porque si las aperturas generan empleo bienvenidas sean, pero de lo contrario consumidores y empresas debemos ser conscientes que una sucesión de políticas erróneas pueden acabar con modelos comerciales que en teoría resultan viables.