La noticia más impactante en el ámbito económico del nuevo gobierno valenciano ha sido el nombramiento del nuevo Director General del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el anuncio de una reforma radical de este organismo. El nuevo Director General es Manuel Illueca, profesor titular de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I de Castellón, investigador del IVIE y colaborador de otras Universidades españolas y extranjeras. Ha sido bien valorado este nombramiento en los ámbitos financieros, no es ningún secreto que también en el europeo oficial del BCE, y ha abierto esperanzas en el sector empresarial.
Por su parte, el Instituto Valenciano de Finanzas es una entidad que ha experimentado desde su fundación en 1991 varios cambios sustanciales. Ha pasado de ser una entidad fundamental en la gestión de las finanzas públicas de la Generalitat -con capacidad para incidir trascendentemente en la economía valenciana a través de la financiación y avales a empresas públicas y privadas, además de ejercer competencias supervisoras sobre las entidades financieras valencianas- a ser una entidad con relativamente pocas competencias, al haber quedado muy reducido el sector financiero valenciano –prácticamente sólo a Caixa Ontinyent– y al haberse traspasado sus competencias de financiación y avales a entidades privadas al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que también asumió las competencias del anterior IMPIVA, de la Agencia Valenciana de la Energía y del Instituto Valenciano de la Exportación. Esto suponía un traslado de la competencia desde la Conselleria de Hacienda (en la que se ubica el IVF) a la Conselleria de Economía, quien asumió un control prácticamente total de la incidencia e influencia pública en la economía.
Pues bien, en la nueva etapa que se anuncia –a través de las previsiones programáticas hechas en la etapa previa a las elecciones y, ahora, tras el nombramiento de Manuel Illueca- el IVF va a experimentar una profunda transformación, parece que en la línea de un mayor servicio a los ciudadanos, sin abdicar por ello de sus funciones como regulador financiero. Ahora bien, dado que en esta función tiene poco ámbito operativo por la virtual desaparición del sector financiero valenciano (salvo la mencionada Caixa Ontinyent y el por ahora no muy abundante crédito cooperativo), el IVF va a recuperar sus competencias de crédito y garantía a los particulares –no sólo al sector público-, con una anunciada vocación a las pymes y al microcrédito a personas físicas.
Esto, la verdad, sería una auténtica revolución en la configuración y actividad del IVF, poniéndolo al servicio real de la ciudadanía y de la red empresarial que –al margen de unas cuantas grandes empresas muy importantes e implantadas afortunadamente en nuestra Comunidad- sostiene la economía valenciana y que, en las circunstancias actuales no tiene acceso –o lo tienes muy limitado- al crédito bancario.
Precisamente, en ésta actividad de llevar “oxígeno” financiero a las familias y pymes más afectadas por la crisis económica es donde han puesto más énfasis los nuevos responsables al anunciar sus reformas, que incluirían también la facilitación de seguros para cubrir sus necesidades en estos ámbitos económicos y sociales.
La actividad propiamente de gestión de incentivos a las empresas para incrementar su competitividad –lo que constituyó actividad propia del IVF en su origen y que en los últimos años desarrollaba el IVACE- volverá al IVF, pero en colaboración con una nueva Agencia Valenciana de la Innovación que orientará y planificará la política de ayudas e incentivos que luego gestionará el IVF. Probablemente, esta actividad de fomento de la capitalización de las empresas valencianas y la innovación en la Comunidad, implique la creación de un fondo valenciano de capital riesgo, con participación no sólo del IVF, sino del ICO y de las entidades financieras.
Precisamente, la cuestión de las entidades financieras y de su supervisión es el punto más complejo de la refundación del IVF. Ésta es una de las competencias históricas del Instituto, ahora forzosamente muy limitada, por la desaparición de las más importantes entidades financieras valencianas, o –mejor dicho- por su absorción por entidades catalanas –Banco de Sabadell o CaixaBank– o su fusión en entidades –Bankia– prioritariamente dirigidas desde Madrid, aunque su teórica sede social esté en Valencia.
En esta materia y en la nueva etapa que se anuncia, la labor del IVF va a ser no de estricta supervisión, para lo que está limitada, sino de vigilancia y control de la actividad comercial y crediticia de las entidades que operen en la Comunidad, obteniendo información detallada de sus productos financieros y de sus prácticas reales, para controlar las prácticas abusivas de algunas entidades que –como ya denuncié en un artículo anterior- han captado recursos o realizado operaciones con clientes con cláusulas declaradas abusivas por los Tribunales –cláusulas suelo, hipotecas multidivisas, participaciones preferentes-. En este ámbito, el IVF tendrá que actuar como entidad de control informativo y divulgativo de cara a la ciudadanía, sin perjuicio de actuar ante los organismos reguladores competentes del Estado, cuando corresponda.
Lo que no podemos ocultar, aun mirando con ilusión esta nueva etapa –si se cumplen las expectativas creadas-, es la preocupación por la pesada herencia que arrastra el IVF en cuanto a los avales con los que ha asegurado algunas de las operaciones más complicadas –y conflictivas, en ocasiones-, como lo relativo a la Feria Valencia o algunos de los más importantes clubes deportivos de la Comunidad. Igualmente, tiene una herencia complicada en lo que se refiere a la Sociedad de Garantía Recíproca. Muchas expectativas y grandes ilusiones, pero con una herencia complicada.