Estamos ante una moda desaforada de poner patas arriba todas las instituciones, con razón o sin ella.
No seré yo quien se oponga a la regeneración y hasta la liquidación de muchas de ellas, siempre que sea para bien. Pero abrir la caja de Pandora, asomándonos al vacío institucional sin tener recambio, seguridad colectiva ni garantías que preserven la convivencia ciudadana me parece una locura.
Eso es lo que sucedería si no se mantiene la cobertura jurídica a las actuaciones pasadas del Rey. Si no, podríamos encontrarnos con que cualquier insensato —o miles de ellos, a la vez— inundaran el país de querellas a cuál más peregrina contra Juan Carlos I, inspiradas todas ellas en el odio y que harían de éste un país irrespirable.
No se trata de blindar al Monarca ante posibles delitos futuros, de los que debe ser totalmente responsable, sino de actos realizados en el ejercicio de su cargo anterior. Si miles de oscuros e incompetentes diputados autonómicos están aforados hoy día, ¿por qué habría que privarse al Rey saliente de una garantía jurídica similar?
Pienso, incluso, que algún tipo majareta podría demandarle por haber sido heredero del antiguo dictador. Pues bien: gracias a Dios que Juan Carlos I aceptó la envenenada herencia de Franco y la traicionó deliberadamente para transformar una dictadura en una democracia. Si no hubiese sido por él, muchos de sus detractores actuales habrían padecido hace tiempo la cárcel o situaciones aun peores.
Incluso para los que no somos monárquicos, el aforamiento del padre de Felipe VI no supone, pues, ninguna arbitrariedad sino un acto de lisa y llana justicia.