La televisión que más nos sigue costando a los contribuyentes es una que paradójicamente no se puede ver: Canal Nou. Cuando la cerró el presidente valenciano, Alberto Fabra, hace ya más de cuatro meses, argumentó que no había dinero para mantenerla si no se cerraban escuelas u hospitales. Pues bien: de momento, y en espera del ERE de extinción, sus 1.630 trabajadores siguen percibiendo todavía sus nóminas mensuales, y cuando se lleguen a ejecutar sus despidos cobrarán entonces 35 días por año trabajado hasta un máximo de 30 meses.
A esas cantidades nada irrelevantes, por cierto, habrá que añadir, como es lógico, las indemnizaciones a proveedores y anunciantes por incumplimiento de contrato. También otro concepto que no han tenido en cuenta los responsables de este desaguisado: las múltiples demandas individuales planteadas por aquellos trabajadores que creen que se han falseado sus auténticas condiciones laborales.
Total: que aunque se certificase oficialmente el final de la corporación de RTVV este mes, los pleitos pendientes podrían durar años.
Esa es la realidad de un cierre que el vicepresidente de la Comunidad, José Císcar, calculó que costaría 70 millones a las arcas públicas y que va a salir por más del doble. ¿Y qué pasará entonces con las escuelas y hospitales para los que no iba a llegar el dinero gastado en Canal Nou?
Como se puede apreciar en este desdichado asunto, los dirigentes valencianos no podrían haberlo hecho peor ni cursando un máster para inútiles en Tontolandia.
Enrique Arias Vega