El próximo 20 de noviembre se celebran en España las elecciones probablemente más relevantes de los últimos veinte años: desde las de 1995 en que el PP relevó al PSOE (consolidando así el bipartidismo inaugurado con el acceso al poder de Felipe González en 1982 y luego revalidado por la alternancia entre PP y PSOE en los últimos veinte años).
Todos los partidos concurrentes –con mayor o menor entusiasmo- señalan que estas elecciones van a suponer el final de una especie de régimen (el bipartidismo de la alternancia entre PP y PSOE, con una influencia parcial de los nacionalismos; la construcción poco armónica y a golpe de recursos de inconstitucionalidad del estado de las autonomías, la financiación asimétrica de los territorios) y que debe abrirse un proceso de reforma constitucional. Es decir que, sin expresarlo claramente, todos se plantean que las Cortes Generales que salgan de estas elecciones van a rediseñar el modelo de Estado, s través de una reforma constitucional más o menos amplia.
Sin embargo, no se ha manifestado expresamente -ni por el conjunto de partidos, ni por cada uno de ellos- que la convocatoria sea a Cortes constituyentes. La verdad es que tampoco se hizo –aunque entonces estaba más presente en el ánimo de todos- en las elecciones de junio de 1977.
Pero es un hecho incuestionable: los nuevos Congreso y Senado van tener como primer objetivo el debatir un nuevo esquema constitucional y eso debe ser tenido en cuenta por los electores. No elegimos sólo a los que van a administrar el Estado los próximos cuatro años, sino probablemente a los que van a diseñar un nuevo modelo de Estado para las próximas décadas.
Hay varias cosas que deberían haberse dejado muy claras en ese orden por los partidos, para que los electores decidamos nuestro trascendente voto el próximo domingo: modelo territorial (estado federal, estado unitario autonómico, más o menos descentralizado), forma de gobierno (monarquía parlamentaria, república parlamentaria o república presidencialista), derecho de secesión de partes del Estado (por decisión de todo el Estado o sólo de las partes afectadas), modelo económico, papel de los partidos, de los sindicatos, de las Fuerzas Armadas, existencia y funciones del Senado, gobierno de los jueces, incorporación a la Constitución de la pertenencia a la Unión Europea y muchas otras cuestiones de trascendencia.
Cierto que la reforma esencial de la Constitución exige –tras el debate y aprobación del nuevo texto- disolución de las Cortes, nuevas Elecciones Generales y Referéndum, con lo cual tendremos oportunidad de elegir nuevamente representantes para aprobar definitivamente el nuevo modelo. Pero también es cierto que en los resultados de estas elecciones se van a estar prefigurando muchas de las decisiones fundamentales y líneas maestras que difícilmente se podrán cambias en los plebiscitos de ratificación.
Por eso es tan importante a quien votamos el domingo 20 de diciembre y lo poco que se ha dicho por los partidos acerca de muchas cuestiones esenciales.
Realmente sólo los dos partidos hasta ahora dominantes han dejado claras sus posiciones -y ello, en gran parte, porque vienen constreñidos a ello por su trayectoria y planteamientos históricos-, pero los nuevos actores no han dejado ni medio claro qué piensan hacer en muchas cuestiones, aunque todos intuyamos las respuestas, ni dejan de ser intuiciones que –cuando vamos a los programas- no se compaginan con esas intuiciones. Y los programas los leemos cuatro aficionados a la politología, pero no las decenas de millones de electores, que –como mucho- juzgan por un debate televisivo o por lo que se habla en las tertulias.
Quizás en los mítines de final de campaña nos aclaren algo más. La respuesta: dentro de varios meses.
Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal