El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene dos líneas rojas estratégicas. Una: Ni un imputado en las listas electorales. Y dos: ni un día sin recordar a Madrid que la financiación autonómica actual es una ruina para la Comunidad Valenciana. El problema es que las dos estrategias generan más inconvenientes que beneficios al PPCV.
Vemos la primera: Limpiar ayuntamientos, Consell y empresas públicas de imputados se está demostrando una dura tarea, repleta de contradicciones. Fabra es capaz de pedir la dimisión de una colaboradora insustituible como Lola Jhonson porque es imputada por su paso por RTVV y no puede acabar con el reinado de Sonia Castedo/Enrique Ortiz en Alicante.
El presidente quiere poner orden en sus filas. E incluso ha llegado a decir que si lo imputan a él también dimitiría. ¿Es correcta esta estrategia? Es poner la ética de los principios por encima de la ética de la responsabilidad (Max Weber dixit), lo que no está mal en esta época de malandrines.
Pero como la figura de imputado es un recurso maltrecho que acaba siendo una herramienta política más que un instrumento jurídico, la estrategia ética de Alberto Fabra puede acabar en un arma de destrucción masiva en manos de cualquiera que tenga como objetivo destrozar al PPCV y al propio President, que con esta estrategia queda totalmente a la intemperie.
Cualquier ciudadano (y mucho más un grupo organizado y documentado) puede denunciar a una vecina por ensuciar el patio de luces de su casa, con la seguridad de que el juez admitirá la denuncia e imputará a la vecina para que esta se defienda mejor de la acusación acompañada de abogado. Pero en el barrio la vecina está imputada. ¡Joder! ¡Imputada! ¡Eso debe ser la hostia! Con la actual Ley de Enjuiciamietno Criminal es muy fácil forzar imputaciones porque es una garantía procesal.
Pues por eso hay denuncias de todo tipo contra alcaldes, concejales o gerentes de empresas públicas. A unos por la gestión. A otros por hacer un castillo de fuegos artificiales. Y a otros porque se lo llevaron crudo. Ahí está el caso de Cullera o el de Lorenzo Agustí y cinco concejales de Paterna. O el de Sonia Castedo. O el Alfonso Bataller. ¿Hay que cesarlos a todos?
En un país donde la filtración de los secretos sumariales es más importante que la transparencia institucional (http://www.jesusmontesinos.es/politicos-e-instituciones-espanolas-huyen-de-la-transparencia/) ,
la pena del titular de prensa o la del telediario es más importante que la propia sentencia. ¿Qué hubiera pasado si hace unos meses hubiera dimitido Alfonso Grau por el caso Nos, del que ha quedado totalmente exculpado?
En seis meses le pueden imputar a Alberto Fabra hasta al dependiente de la tienda El Ganso donde compra sus chaquetas. ¿Tiene que cesarlos a todos y quedar solo ante el peligro? ¿Cesa a unos si y a otros no? ¿En función de qué criterios?
Y dos. Pasa lo mismo con la reiterada demanda de una reforma de la financiación autonómica. Madrid no quiere ni hablar de ello por dos motivos. Primero porque no tiene dinero y segundo porque abrir la compuerta de la reforma supone atender la demanda de los cupos que hace Catalunya como tercera via frente al plan soberanista. Y este es un tema que meditan con otro formato.
Por eso Montoro esta semana ha vuelto a lanzar el balón hacia delante, mientras el conseller Moragues tiene que apoyar al ministro por disciplina mientras condiciona su voto a lo que pase en el futuro. ¡Que galimatías!
No va a haber una nueva financiación autonómica hasta después de las siguientes elecciones generales. Y hasta saber cuál es el resultado de la reforma fiscal planteada estos días. El Gobierno de Rajoy tiene los ojos puestos en 2016, no en las autonómicas de 2015. Y eso debería evaluarlo el PPCV para analizar los objetivos que perseguían con las actuales estrategias.
Teniendo en cuenta que quedan ocho meses y que las elecciones se pierden que no se ganan, Alberto Fabra tiene faena para pensar nuevas estrategias, que las hay.