Libertad de expresión y coacción a los comunicadores

COMPLICADO RESULTADO ELECTORAL, NECESARIA REFLEXIÓN CONSTITUCIONALMariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal. COMPLICADO RESULTADO ELECTORAL, NECESARIA REFLEXIÓN CONSTITUCIONAL

‘Libertad de expresión y coacción a los comunicadores’, por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, abogado. Director de Ayuso Legal

La reciente polémica –por no decir escándalo- producida con ocasión de las manifestaciones de Pablo Iglesias respecto de un periodista que le había supuestamente atacado en un diario nacional, se ha ido agravando por las propuestas de los correligionarios del Sr. Iglesias que –tras disculparse- han embestido a ese y a otros medios de comunicación, pidiendo incluso que en los medios de comunicación existan comités de redacción en los que se debatan las líneas informativas y los artículos de opinión.

Esto, unido a las recientes arremetidas del venezolano Sr. Maduro contra algunos medios de comunicación españoles y a la persecución judicial de un medio especializado (la revista de AUSBANK) por la supuesta captación de publicidad utilizando su capacidad de denuncia de abusos bancarios, pone sobre el tapete  de nuevo la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de estos medios de coacción a los comunicadores.

Hace varios años, ante una situación de virtual subyugación de la libertad de expresión por los entonces terribles presiones terroristas, escribí un artículo acerca de los dos guardianes de la libertad: la información y el pluralismo. Recordaba allí como una prensa libre y sin coacciones en una sociedad plural era la mayor y mejor garantía de los derechos individuales de todos y de las libertades públicas.

No podía imaginar que -varios lustros después y consolidada definitivamente la democracia, erradicado el terrorismo e incluso en puertas de una segunda transición- iba a tener que volver a salir en defensa de la libertad de expresión de los comunicadores.

No creo que haga falta demostrar –a estas alturas- que la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad y pluralismo en los medios de comunicación son la salvaguardia de las libertades y de los derechos de ciudadanos. Los sistemas donde estas libertades y derechos son más apreciados y protegidos son los que han consolidado los regímenes políticos más abiertos y duraderos. Por el contrario, el primer signo distintivo de los tiranos es siempre el acallar las voces críticas y las denuncias.

No voy a acusar a nadie de intentar acallar las voces de la discrepancia y la denuncia, pero sí me veo en la obligación de salir en defensa de la libertad de expresión.

Creo que el valor superior de la libertad de expresión y el derecho a la información deben estar por encima de muchos sentimientos y propias estimaciones y, por supuesto, de intereses  personalistas y afán de lucro.  Tan sólo los límites legales plasmados en la protección judicial penal frente a la injuria y la calumnia –en los términos muy democráticos en que han sido configurados por la Jurisprudencia (que no satisfacen, ya lo sé, ni a los aprovechados ni a los totalitarios)- y en la protección judicial civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen deben constituir un valladar frente a esta libertad y derecho.

Por eso es tan preocupante que se esté utilizando una comparecencia pública en la Universidad para arremeter contra un periodista y un medio comunicación (sean cuales fueran) por sus opiniones e informaciones. No digamos, cuando se utiliza la tribuna pública privilegiada de la portavocía de un gobierno, como hace el Sr. Maduro, para atacar un medio de comunicación por sus opiniones e informaciones.

Incluso me preocupa, pero de esto ya hablaré más detenidamente -cuando se despejen las incógnitas de la investigación judicial-, el que se utilice la presión judicial penal para acallar voces denunciantes de abusos y corrupción. Ni quiero, ni debo, obviamente, pedir impunidad para ningún delito, pero sí que insto a los lectores a separar los ilícitos y abusos denunciados del eventual aprovechamiento delictivo  por el denunciante.