Las manifestaciones que acaban o empiezan con destrozos y heridos no son, obviamente, exclusivas de España. Lo característico de nuestro patio de colegio es la cantidad de gente que justifica el vandalismo de los que protestan por algo. Esta benevolencia con los protestones violentos no acaba de surgir: es un viejo tema.
Tan viejo es que, de ponernos a ello, igual podíamos rastrear sus orígenes en una historia en la que lo de echarse al monte ha sido muy frecuente. Pero no quiero irme al XIX, que es mucho viaje y voy a quedarme en una etapa más reciente, evocada estos días en la muerte de Adolfo Suárez. Porque se remonta a la Transición esa tendencia a sacralizar la manifestación (elevándola a auténtica expresión de “la voz del pueblo” por encima del parlamento elegido por los ciudadanos); y a demonizar cualquier control de la misma por parte de la autoridad y la fuerza pública.
La señal de tal singularidad es llamar “represión” a la intervención policial contra unos manifestantes que rompen y queman lo que les peta. No se usa el término como descripción técnica, sino como denuncia política. Quiere decirse que la policía actúa como la policía de una dictadura. Quieren decir que actuar contra la violencia es un acto dictatorial, contrario a la libertad.
La libertad de romperle el cráneo a un agente de policía no existe en ninguna democracia ni en ningún país civilizado. Tampoco la libertad de destrozar mobiliario urbano, coches, bancos, bares o comercios. Métanselo en la mollera, no los bárbaros, que ahí no hay dónde, sino quienes los amparan, que son gente crecidita en el oficio de políticos, sindicalistas y periodistas.
Cuando intentábamos manifestarnos bajo la dictadura de Franco –y contra lo que dice la leyenda, éramos cuatro gatos- entonces sí que los célebres “grises” nos reprimían: no existía el derecho de manifestación. Hoy existe sin apenas límites, y lo que mantiene la fuerza pública no es el orden de una dictadura, sino la ley de una democracia. La ley y el orden que interesa mantener a la gran mayoría de los ciudadanos.
Hace años se les dejaban hacer las mayores burradas a manifestantes por temor a que se tachase de vuelta al franquismo el intento de controlarlos, y cuando salíamos fuera, por ejemplo, a Bruselas, nos asombraba la dureza con que actuaba la policía contra los que iban allí a protestar contra tal o cual política de la Comunidad Europea. ¡Vaya sorpresa! Volvemos a las andadas. Resulta que como hay gente que lo está pasando mal, hemos de comprender la violencia. ¿Lo están pasando mal los camorristas del 22-M, los de Barcelona, los de Gamonal? No me lo creo. Justificarlos es un insulto a las personas que realmente lo pasan mal y se comportan cívicamente. No. Comprender a los violentos, dejarlos hacer, permitirles que salgan impunes, no es propio de una democracia. Es simplemente de imbéciles.
Cristina Losada