Lo que el BOE te da, el BOE te lo quita

El título de esta columna no puede ser más significativo por las muchas connotaciones que conlleva, para en este caso la economía española, la publicación de cualquier legislación aprobada por el Gobierno a través del Boletín Oficial del Estado.

Esta frase que me hubiera encantado inventar no es de un servidor que suscribe estás líneas si no que apareció durante una tertulia radiofónica y cuyo autor es Pedro Bisbal, Dtor. de la Asociación Valenciana de Business Angels CVBan. Y la he querido elegir para el título de esta columna semanal en VLC News por la trascendencia que tiene sobre todo, en el ámbito de la microeconomía, o lo que es lo mismo, para la situación financiera mayoritaria de pymes, autónomos y familias de este país.

Porque efectivamente, una gran parte de las publicaciones que ha recogido el BOE en los últimos años no han afectado de una manera positiva que digamos, a ciudadanos y empresas. Como es obvio, la función del Gobierno es legislar, pero también es verdad que una buena parte de las normativas aprobadas en el BOE deben contribuir, en teoría, a mejorar sustancialmente ese confuso concepto denominado estado del bienestar.

Esta semana ha tenido lugar un nuevo Debate sobre el Estado de la Nación. Ya se han dado cuenta, verdad? Una cita en el Congreso donde los máximos dirigentes han levantado armas, poniendo las cartas sobre la mesa y jugando cada uno sus respectivos papeles, más o menos como siempre.

Es decir, Rajoy destacando que la recesión ha finalizado, aunque la crisis no, porque su recorrido es más incierto, y mostrando como las reformas del Gobierno han surtido efecto. Y mientras, Rubalcaba a lo suyo, defendiendo las políticas sociales, pero sin posibilitar grandes avances en las reformas económicas que las sustenten.

El Presidente del Gobierno no podía presentarse en la madre de todos los Debates sin propuestas firmes, contundentes, y con calado mediático, tanto en España como en la UE, porque recordemos que ahora las citas del Congreso también conllevan repercusiones internacionales colaterales.

Por ello, Rajoy ha lanzado como medida estrella un nuevo modelo de cotizaciones sociales, a razón de 100 euros mensuales para contrataciones indefinidas, siempre y cuando supongan un aumento de plantilla para las empresas, al más puro estilo de las conocidas como tarifas planas. Este modelo tarifario o de cotización puede estar muy bien para las compañías tecnológicas, pero dista mucho de ser una solución real para el grave problema de paro que asola España, y mucho menos un balón de oxígeno para las empresas.

Para empezar es una medida cortoplacista, ya que tiene una duración máxima de dos años, y que se queda incompleta, como por ejemplo la Ley del Emprendedor que también conlleva una tarifa de 50 euros mensuales durante los seis primeros meses, pero que después va incrementándose progresivamente hasta alcanzar la cotización regular.

Pero esa tarifa plana no ha sido la única propuesta del Gobierno para intentar relanzar el mercado laboral, y por ende la economía, ya que también ha lanzado que los trabajadores que ganen menos de 12.000 euros no pagarán el IRPF, lo que repercutirá, a priori, en las deducciones fiscales para las familias.

Es una propuesta ¿positiva? Relativamente, porque no beneficia a la mayor parte del mercado laboral. Y esto es debido a dos razones fundamentalmente. La primera, porque la mayoría de los trabajadores españoles tienen ingresos anuales superiores a dicha cantidad, y por tanto, la recaudación del Estado no se resiente en exceso. Y la segunda, porque tampoco alivia la economía del colectivo hacia el que va dirigida la propuesta, ya que tan solo se beneficiaría de un ahorro anual de 49 euros, y por lo tanto, simbólico.

Una medida populista más que ¿efectiva? A priori lo parece. Y además, dichas propuestas no hacen sino poner de manifiesto la falta de otras reformas estructurales que, no olvidemos, Bruselas le sigue reclamando a España. Es obvio que la reforma laboral española sigue incompleta, porque la aplicación de medidas como las propuestas por el Gobierno demuestran su ineficacia a largo plazo, al carecer de un modelo de dinamización real que permita un desarrollo consistente del mercado de trabajo para las próximas décadas.

Y en esto, las autoridades europeas tienen toda la razón para exigir más reformas, por mucho que los gobiernos españoles de turno pretendan demostrar lo contrario.

Una reestructuración coherente del mercado laboral permitiría aumentar nuestra competitividad y por tanto, nos aproximaría al crecimiento del 1% que marcan diversos organismos y entidades internacionales para 2014, y del 1,5% para 2015, y que ya ha reconocido el propio Ejecutivo de Rajoy en un clima de tal vez, excesiva euforía.

Pero aún así, esas previsiones optimistas son para diciembre, y no olvidemos que de momento llegamos a marzo con los deberes por hacer, ya que en el conjunto de un ejercicio anual la distancia parece mucha, pero en términos cuantitativos de dinamización económica hablamos de tan solo 9 meses.

Y como muestra, no hay más que remitirnos al último trimestre de 2013, donde al final el PIB solo tuvo un crecimiento débil del 0,2% en lugar del 0,3%. ¿Un aviso? ¿Un error de cálculo? Puede ser. Pero ello demuestra la fragilidad de la economía española, y por tanto, el largo camino que nos queda por recorrer para alcanzar un objetivo real de crecimiento, pero también el cumplimiento del temido déficit del 6,7%.

Dicho de otra forma, dejemos de jugar a que el BOE nos dé y nos quite y hagamos los deberes que precisa la economía española para que la reactivación del mercado de trabajo a corto plazo, sea una realidad y no una utopía.

José Luis Pichardo

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