Los corruptos la pagan

Existe un gran escepticismo entre la opinión pública sobre el castigo de los corruptos: el que no haya entrado todavía en la cárcel Iñaki Urdangarín, con una grave condena a sus espaldas, pone la mosca tras de la oreja del personal: ¿es igual la justicia para todos?

Otros casos mediáticos parecen corroborar esa presunta impunidad comparativa: la familia Pujol, Chaves y Griñán

Con todo, el castigo de los imputados por corrupción es más importante en España que en la mayoría de lugares que conozco. Tras la reciente condena de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ningún otro país ha tenido en la cárcel al banquero más importante del momento (Mario Conde), al presidente de los empresarios (Gerardo Díaz Ferrán), a dirigentes regionales (Ignacio González), a ex ministros (Jaume Matas), y está juzgando en mayor o menor medida a dos millares de cargos públicos, desde ex ministros y dirigentes autonómicos hasta concejales, pasado por consejeros regionales, presidentes de Diputación y otros diversos paniaguados.

Con las leyes españolas vigentes y con su estricta aplicación penal por los jueces, hoy día estarían suspendidos la mitad de los parlamentarios británicos, tras las revelaciones que hizo en su día The Daily Telegraph, habrían acabado en prisión los presidentes franceses Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac y Sarkozy y habrían desaparecido casi la mitad de las monarquías de los países nórdicos, tan democráticos ellos.

Es verdad que la lucha contra la corrupción apenas ha comenzado hace unos pocos años. Pero nos lo estamos tomando tan en serio que dentro de poco todos los políticos se tantearán tanto la ropa antes de tomar cualquier decisión discutible que hasta frenarán el funcionamiento de la Administración.

Si no, al tiempo.

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