La celebración esta semana de la festividad del Nou d’octubre –fiesta de la Comunitat por excelencia- me hace reflexionar sobre los principales desafíos que tiene planteados este proyecto de vida en común.
Esta fiesta no es esencialmente reivindicativa –como el día de la Comunidad en algunos otros territorios, en los que se conmemora un enfrentamiento civil entre partidarios de un monarca u otro, o semejantes-, sino conmemorativa de la entrada en la ciudad de Valencia de las huestes de Jaume I y de la incorporación, por consiguiente, al proyecto de la Corona de Aragón. Esta incorporación no supuso nada traumático, pues era un proyecto ambicioso y descentralizado, incluso después de su incorporación al proyecto español urdido por Fernando el Católico –y hasta la victoria borbónica en la guerra de Sucesión-, y así se mantiene como una jornada festiva y de exaltación de la valencianía.
Pero este 9 de octubre tenemos que plantearnos qué desafíos tiene planteados actualmente nuestra Comunitat, pues el momento político de cambio en las instituciones locales y regionales, con la fuerte emergencia de nuevos actores y el aumento de fuerza de otros ya veteranos, la situación inestable de nuestros vecinos del norte y las expectativas de cambio en la situación política española (cambio seguro en la mayoría parlamentaria y posible cambio en el Gobierno estatal), imponen un análisis de futuro.
En este sentido –y quiero simplificar mucho para dejar un mensaje claro- creo que hay tres retos fundamentales: la afirmación de nuestra identidad valenciana, la real vertebración de la Comunitat como tal y no como un mero agregado de tres provincias con algunas señas en común, y la financiación.
Esta última quizás sea donde está más clara la perspectiva. Cuando escribo estas líneas se ha llegado ya a un acuerdo en Les Corts entre todas las fuerzas políticas para exigir con firmeza una financiación justa, equilibrada, acorde con la población y los servicios que se prestan, y que repare en lo posible el agravio histórico.
En este punto, ya he manifestado en distintos foros mi criterio -como jurista- de que la Comunitat debería incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado para 2016, si mantienen la discriminación y no propenden a reparar el agravio, incluso en cuanto a la deuda histórica acumulada. No me parece que podamos seguir al albur de promesas futuras de quienes mandan en las Cortes Generales. Necesitamos una solución ahora y plasmada en los presupuestos para 2016.
La afirmación de nuestra identidad valenciana es una cuestión muy complicada, pues hay distintas sensibilidades en torno tanto a esta identidad, como incluso en cuanto a un elemento esencial de ella: nuestra lengua propia.
Quizás todos los esfuerzos de conciliación y aproximación entre los partidos y los partidarios deberían ir en ese sentido. Sólo en la unión encontraremos la fuerza y hay muchas más cosas en nuestro pasado –y unas maravillosas perspectivas en nuestro futuro- que nos deben llevar a conciliar y unir, que puntos enquistados que nos separan.
Probablemente sea el momento, de cara a una eventual reforma constitucional española que establezca un nuevo modelo territorial, de intentar un consenso para la reforma de la Ley de Señas de Identidad y del estatuto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, desde el esfuerzo por la concordia y la aproximación, en el mejor espíritu conciliador que hizo posible la Transición de finales del pasado siglo XX, y lejos del espíritu revanchista y cuasiguerracivilista que ensombreció nuestros siglo XIX y XX hasta la gran catarsis de la Guerra Civil del 36.
Finalmente –e íntimamente vinculado con la identidad valenciana- está conseguir la real vertebración de la Comunitat, para lograr que sea algo orgánico y vivo y no una mera adición administrativa de tres provincias.
Para conseguir esto, que se ha intentado con no demasiado exitosos resultados, probablemente fuera necesario –además de “resucitar” una radiotelevisión pública valenciana, que unifica cultura e idiosincrasia más de lo que suponemos- establecer una nueva fórmula de vertebración territorial interna, una comarcalización, sustitutiva de la obsoleta y carísima estructura provincial con sus Diputaciones. Pero esto está limitado por las previsiones de la Constitución española de 1978 y -aunque se puede ir avanzando- habrá que esperar a la esperada reforma constitucional.
En cualquier caso, el Nou d’octubre debe ser un momento de esperanza, de ilusión y –a ser posible- de unión entre los valencianos.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal.