La Comunitat Valenciana ha sido olvidada durante muchos años. En los años 70, el déficit de infraestructuras en sanidad y educación era evidente. Por eso, cuando se produjeron las transferencias a las nacientes Comunidades Autónomas en los 80 la mayoría de estas instalaciones estaban obsoletas. Por tanto, el déficit en la financiación es un mal de origen no corregido y que arrastramos.
La financiación de la Comunitat Valenciana está en desventaja desde el primer momento en que arranca el motor de la Autonomía. Se nos transfirieron los médicos y profesores y el dinero para pagarles, pero en cuanto a las instalaciones no se contempló ninguna inversión para modernizarlas ni para construir nuevas. Basta como ejemplo la nueva Fe en la que el Estado no ha aportado un solo euro.
Por ello, aquellos que dicen que el problema de la deuda en la Comunitat Valenciana han sido los grandes eventos se equivocan totalmente y sólo se guían por una estrategia política que evita el fondo de la cuestión. Esta se basa en tres puntos:
- Partimos desde el origen en desventaja con respecto a otras comunidades.
- Hemos estado siempre a la cola de la media en financiación por habitante en los acuerdos que se adoptaban.
- Un millón de ciudadanos en esta Comunitat no se han contabilizado, por lo que todos los servicios que consumen salen de nuestros propios recursos y, al carecer de ellos, se incrementa la deuda.
El nuevo informe elaborado por el comité de expertos que ayer se presentó en Les Corts, “Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica”, plantea un diagnóstico adecuado. Este equipo fue consensuado por todos los grupos políticos en la pasada legislatura. Por ello creo que ahora es necesario que, tanto los grupos políticos que componen Les Corts como las distintas instituciones de la sociedad civil valenciana, trabajemos todos a una para resolver este mal endémico que ya dura casi tres décadas en nuestra Comunitat.
Si se aceptan los tres puntos como los ejes esenciales que nos han llevado a la actual situación, saldremos de un punto de partida único, olvidándonos unos y otros de qué gobierno gestionó cada transferencia o quien hizo esta o la otra infraestructura.
Desde estas bases se debería trabajar para plantear en Madrid cómo resolver el dinero que nos adeudan y cómo negociar un nuevo modelo de financiación autonómica en el que la Comunitat Valenciana, como ya dije en una conferencia el pasado mes de febrero en el Foro Nueva Economía, no esté más lejos de dos puntos de la media en su financiación per cápita (ahora estamos a más de 25).
El ejemplo del consenso alcanzado por el comité de expertos debe ser extensible a las fuerzas políticas. Lanzo una llamada al acuerdo, al menos, entre los dos grandes partidos políticos y a la sociedad civil tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional. Hay que revisar el modelo de financiación a partir de 2014 conociendo las causas como las conocemos y basándonos en los parámetros que establece el informe de los expertos. A los valencianos nos corresponde más y no podemos seguir por más tiempo cruzados de brazos.