Si Alberto Fabra hubiera sido más maquiavélico no habría cerrado RTVV. Lo hubiera aplazado hasta ver qué pasaba en las próximas elecciones, y tiraría entretanto con algún apaño. Seguro que no se montaba tanto escándalo si por mantener Canal Nou hacía recortes en servicios más esenciales. Ahí está el ejemplo del gobierno catalán. Artur Mas no abona las ayudas a las familias con dependientes y debe un dineral a las farmacias, pero paga religiosamente la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, un emporio que en los últimos cinco años ha succionado 2.500 millones de euros de las arcas.
Eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, pero no se han visto -ni se verán- protestas masivas contra tan dudosa manera de priorizar en qué se gasta el dinero del contribuyente. Apenas se encontrarán en la prensa catalana editoriales y opiniones que afeen esa conducta presupuestaria al gobierno regional. Ah, también ahí llega el maná. En cambio, están muy preocupados por el cierre de Canal Nou, al que se esfuerzan en diferenciar de TV3, que no sólo les parece una maravilla de gestión, sino todo un modelo de independencia informativa. No, no es broma.
Artur Mas nunca cerraría TV3 por la importancia estratégica que le confiere en su agenda política, pero la cuestión es que puede financiar el mastodonte mediático sin que le rechiste (casi) nadie, al tiempo que reduce prestaciones y servicios básicos. Es más, si en algún momento debe cerrar algo y envía a los Mossos d’Esquadra, apuéstese a que no le acusan de dar un golpe de Estado ni le tachan de fascista. Los Mossos gozan de tan buenísima prensa en Cataluña que incluso cuando hay denuncias de brutalidad y mueren sus detenidos, salen los opinadores a defenderlos.
En Valencia tuvo que hacer acto de presencia la policía para cerrar la RTVV y volaron en torbellinos de ira las invectivas de golpismo y fascismo contra Alberto Fabra. Pero la fuerza pública habría sido innecesaria si los empleados del canal no hubieran ocupado las instalaciones para seguir emitiendo. Y las instalaciones no son suyas. Una vez más hay que subrayar lo obvio: una tele autonómica no es propiedad de sus empleados.
La propietaria es la comunidad autónoma, que está administrada a su vez por un gobierno elegido en las urnas. Los valencianos eligieron al gobierno y no eligieron a los empleados de Canal 9. Mientras dure su mandato, Fabra representa a los valencianos y tiene legitimidad democrática. Si su decisión de cierre es legal lo dirán los tribunales y si gusta o disgusta a los ciudadanos, lo dirán las urnas. Por mucho que uno simpatice con los que pierden sus puestos de trabajo, es imposible simpatizar con sus actos.
Nadie dijo que fuera fácil cerrar una tele pública. Uno de los motivos ocultos por los que ningún otro gobierno autonómico ha dado el paso es que todos saben a qué se exponen: huelgas, pantallas en negro, protestas en la calle, okupaciones y la indignación de parte de la opinión pública. Los que no ven su tele autonómica, luego, cuando se decide cerrarla, resulta que le tenían mucho cariño. La opinión pública es una criatura muy voluble.
Los políticos sin escrúpulos saben cómo afrontar estas cosas. Tienen la astucia de evitarse líos y la habilidad de pasarle la patata caliente a otro. Patada hacia adelante y ya se verá. Y si no hay dinero para pagar una tele, se lo quitan a sectores más desvalidos, que no gocen de tanta atención política y mediática. Alberto Fabra eligió otro camino. Igual ha pecado de ingenuidad.