Mucho error para perdonarlo

 

 

Con una nota de prensa que a su vez contiene un error, porque va fechada en el año 2012, el ministerio de Hacienda ha venido a admitir la clamorosa cadena de torpezas y errores que personas no identificadas han cometido, desde el pasado viernes, en el tristemente famoso asunto de las “propiedades” de la infanta doña Cristina.

Sin embargo, tras la publicación de la nota informativa, y conseguida una disculpa pública del ministro Montoro, sería una nueva ligereza que la opinión pública española aceptara lo ocurrido con una sonrisa beatífica más, para extender en pocos días una nueva manta de olvido sobre el asunto.

Pero ¿por qué este ha sido un error que va a ser especialmente difícil de perdonar? En primer lugar, evidentemente, por la persona que ha sido víctima primera de la torpeza, un miembro de la Casa Real, cuyo prestigio ni puede ni debe ser menoscabado sin necesidad. Si un miembro de la familia del Jefe del Estado está siendo sometido a una investigación judicial, si se le puede llegar a acusar de varios graves delitos por su conducta, es muy necesario, es imprescindible, que todo lo que la Justicia y los funcionarios públicos tengan que hacer al respecto se haga de un modo muy exigente y escrupuloso, a través de filtros de calidad y de comprobaciones que en este caso no se han visto por parte alguna.

Pero no deja de ser también gravísimo llegar a comprobar cómo funcionan las cosas en el ámbito de la Justicia, cuando los datos que la Agencia Tributaria acaba de enviar sobre las propiedades de una persona se convierten, casi de inmediato, en un asunto informativo general, difundido y compartido alegremente, sin que medie, por parte del juez y sus colaboradores, haga ni la más mínima comprobación, ni un asomo de prudente consulta. Claro que el mismo pésimo juicio merece la prensa que, a la ligera, ha dado por buenos los datos y los ha publicado sin comprobación alguna… aunque muchas veces con el consiguiente aparato de comentarios, críticas, juicios paralelos y conclusiones apresuradas.

En ese punto, no faltará quien desconfíe, con mucha razón, de la calidad con que el juez José Castro, que instruye en Caso Nóos, está llevando su delicado trabajo. ¿No es excesivo el ruido que se viene generando, desde hace años ya, en torno a la instrucción de la causa? ¿Y no notamos en ocasiones que se está procediendo de forma tal que muchos elementos de la causa tienen una visible vocación de nulidad?

Con todo, aún hay otros escalones de análisis de lo ocurrido que nos han de llevar, forzosamente, a escandalosas conclusiones. La primera pregunta habría de ser, en ese sentido, sobre la calidad y veracidad de las certificaciones que en España se otorgan en asuntos, fiscales, registrales, periciales o legales. ¿Podemos estar seguros, visto lo visto, que la red de notarios, registradores y peritos catastrales no comete errores de este abultadísimo nivel en su tarea diaria?

No cabe duda, finalmente, de que el prestigio de la Agencia Tributaria, sólidamente asentado sobre su capacidad informática y su potente “cruce de datos”, se va a resentir mucho con este lamentable episodio. Pero es que, por añadidura, la duda que estas pifias han extendido sobre el prestigio de nuestro sistema de registro y custodia de datos es tan grave que no merece especial comentario. Todo el esfuerzo de perfeccionamiento informativo y registral, toda la palabrería sobre el rigor y la severidad de un departamento estatal clave  podría quedar en cuarentena con una actuación de este tipo ante una personalidad del nivel del que nos ocupa.

 

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