La congelación de los sueldos de los empleados públicos anunciada por el Gobierno supone un nuevo atentado contra sus condiciones laborales. Los trabajadores de las diferentes administraciones han visto cómo en el último lustro no solo no experimentaban un mínimo incremento sus salarios sobre la base pactada del IPC, sino que han sufrido recorte tras recorte. En conjunto han perdido un 30 por ciento de su poder adquisitivo en esos últimos cinco años.
Los empleados públicos vienen padeciendo, con toda su crudeza, los recortes de los diferentes ejecutivos, tanto estatales como autonómicos. Los valencianos constituyen uno de los ejemplos más nítidos. A la reducción de salario de un cinco por ciento decretada por Zapatero se sumó la supresión de la extra de diciembre de 2012 aprobada por Rajoy. Y, para rematar, la Comunidad Valenciana aprobó, en enero de 2012, el denominado ´decreto Vela´, que rebajaba al 50 por ciento el cobro de la carrera profesional y desarrollo para el personal sanitario, los sexenios para los docentes y la jornada y el sueldo de los interinos de administración autonómica.
Si a todo ello unimos la falta de actualización de salarios con la enésima congelación anunciada por el Gobierno, podemos comprender en qué situación se encuentran los empleados públicos, muchos de los cuales se las ven y se las desean para poder llegar a final de mes. Todo ello, recordemos, después de haber estado durante años preparándose, formándose y compitiendo duramente para superar una oposición.
Esta nueva congelación, unida a la falta de oferta de empleo público, va a tener consecuencias muy negativas sobre el conjunto de la sociedad. Los trabajadores de las distintas administraciones, con ingresos reducidos y recortados, no pueden contribuir a mover la economía con el consumo de productos, algo fundamental para la creación de puestos de trabajo y para la recuperación de la senda del bienestar.
Por otra parte, al reponer únicamente una plaza de cada diez que dejan de ocuparse por jubilaciones, los servicios públicos están perdiendo una gran parte de sus efectivos. Esto revierte en el ciudadano en más colas y peor atención cuando acude a realizar cualquier gestión ante las diferentes administraciones.
Desde luego, el anuncio de abonar las próximas extras en nada compensa los anteriores recortes. Únicamente constata el acatamiento de un derecho que tienen los trabajadores. Si de verdad quieren que se produzca una activación real de la economía, los gobernantes han de garantizar y reconocer el resto de derechos de los empleados públicos y, en general, el trabajo que desarrollan.