El final de este curso universitario ha traído una sorpresa que cae dentro de las anunciadas medidas populistas del actual Consell, que anunciaban propagandísticamente sus rivales antes de las elecciones del 26 J, y que muchos nos resistíamos a creer, pues no estaban en la línea que presidió la anterior etapa de gobierno socialista de Joan Lerma.
Se trata de una línea de claro acoso desde la Generalitat a las Universidades privadas de la Comunidad Valenciana.
La primera tanda de medidas -de alcance y orientación bastante clara- fue la del anuncio de que no se iba a permitir que los estudiantes de carreras sanitarias (Medicina, Enfermería, etcétera) hicieran sus prácticas en los centros sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud. Comoquiera que los únicos centros sanitarios homologados para estas prácticas son los centros de la Agencia Valenciana de Salud, esta medida implicaba la virtual proscripción de estudias estas carreras en una Universidad privada en la Comunidad Valenciana.
Ante el revuelo formado, se advirtió que sí se permitiría terminar la carrera haciendo prácticas en la sanidad pública a los alumnos de las privadas, que ya estuvieran cursando los grados correspondientes. Bien, parece que tan sólo se cercenaba la continuidad de estas titulaciones en las Universidades privadas, pero no se les cerraba a los que estuvieran cursando los estudios.
Las siempre afiladas lenguas de doble filo señalaron que había un cierto malestar en las Universidades públicas con titulaciones en el área de la salud, por -al parecer- una notoria mayor puntuación media de los alumnos graduados en las Universidades privadas que los de las públicas -referidos a la Comunidad Valenciana- en los exámenes del MIR.
Esto -independientemente de las ineficiencias técnicas jurídicas y administrativas que parece jalonan el procedimiento de “encerramiento” de los estudios del área de salud en las Universidades privadas- llama poderosamente la atención y no deja de sorprender cómo se puede pretender en un Estado de Derecho que los medios públicos -sufragados con el dinero de todos los valencianos- se monopolicen en beneficio de un grupo de Universidades -las públicas- en claro atentado contra la libre competencia respecto de otras -las privadas-, como si no fueran ciudadanos de igual rango y derechos los alumnos de unas y otras.
Esperemos que la tendencia no se extienda a otras titulaciones y no nos encontremos con que se prohíbe también que los estudiantes de los grados del área de ciencias sociales (Derecho y análogas) de las Universidades privadas hagan sus prácticas en los Juzgados y Tribunales valencianos, que obviamente son también de propiedad pública.
Pero la más clamorosa de las acciones del Consell contra las Universidades privadas de la Comunidad Valenciana ha sido en la convocatoria de becas universitarias del pasado mes de junio.
Por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma se ha limitado la posibilidad de optar a las becas para los estudios universitarios a los alumnos de las Universidades privadas, excluyéndolos. Obviamente, el sistema de becas universitarias -antes común a los alumnos de las Universidades públicas y privadas- atiende en su concesión a criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (concretados en una valoración de la excelencia académica del alumno y de la capacidad económica de él y de su familia). Ahora se añade a estos criterios el de la titularidad del centro en el que el estudiante vaya a cursar sus estudios.
La cuestión es muy grave. Además de afectar a la libre competencia. El sector público autonómico valenciano -por excepción al criterio de las demás Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación- va a establecer una discriminación en favor de los alumnos de las Universidades de su propiedad (las Universidades públicas valencianas que pertenecen ex lege al sector público valenciano).
Pero esto no sólo atenta contra la libre competencia entre Universidades -y atenta en favor de los centros de titularidad de quien da las ayudas-, sino que priva a los alumnos de las Universidades privadas de acceder a las ayudas públicas en igualdad de condiciones, y con los mismos requisitos y baremo de méritos, que el resto de los ciudadanos.
Para terminar estas consideraciones, no puedo dejar de hacer mención a algo casuístico, pero que afecta a muchas familias y estudiantes: acudir a las Universidades privadas no es en numerosas ocasiones una cuestión de elitismo o de opción ideológica, sino del listón académico de acceso que hay en muchas titulaciones (precisamente en las más vocacionales, como las del área de la salud) en las Universidades públicas y que impide ingresar en ellas a numerosos alumnos que deben -si quieren perseverar en esa vocación profesional- acudir a una Universidad privada.
La verdad es que este acoso a las Universidades privadas no tiene mucha explicación ni se comprende desde la óptica de los principios constitucionales y de la Unión Europea.
Por Mariano Ayuso Ruiz-Toledo, Abogado, Director de Ayuso Legal.