Dejando a un lado, que ya es esfuerzo, la conmoción por el terrible accidente de Santiago de Compostela, se hace preciso echar un vistazo a los hechos políticos de la semana para hilvanar una crónica en la que forzosamente han de sobresalir las noticias relativas a la Justicia y la corrupción. Que se han acumulado estos días, como si en los tribunales quisieran dejar resueltos muchos casos antes de emprender las vacaciones.
Lo primero que destaca, obviamente, es el estado de la política andaluza. De ahí el título elegido esta semana: porque en unas pocas semanas el presidente Griñán, impulsado por asuntos familiares pero también, con alta probabilidad, por asuntos tan personales como una más que probable imputación en el caso de los Eres, ha transformado por completo el patio andaluz. Con la gracia añadida de que Griñán se ha quitado de en medio y ha dejado a su vicepresidenta, a través de unas ingeniosas fases que han anulado a los candidatos que pudieran optar en las elecciones primarias, para más tarde convertirse en una jubilación anticipada al próximo 26 de agosto. En resumen, una abdicación parecida a la de la Corte de Bruselas con la ventaja de que se reserva la posibilidad de ser senador por designación con el fin de quedar en las manos del Tribunal Supremo si en su caso hubiera necesidad.
Son muchos los que indican que esa necesidad le va a llegar a impulsos de la declaración del interventor de la Junta de Andalucía, que hasta en 15 ocasiones advirtió que lo que estaba viendo en su misión profesional de vigilar las cuentas autonómicas no le gustaba. Esa sería, para la juez que instruye el caso, la pieza de convicción final en un complejo rompecabezas que, según todos los indicios, podría terminar con la acusación al presidente autonómico y el consiguiente pase del asunto a una jurisdicción superior.
Coincide todo esto con una desusa actividad del Tribunal Supremo que, en las últimas semanas, se ha mostrado generoso con el comportamiento de algunos políticos o, si lo queremos ver de otro modo, exigente con el modo en que se estarían instruyendo algunas causas de corrupción. ¿Qué está ocurriendo? Pues que las dietas cobradas por la presidenta de Navarra por estar en el consejo de una caja de ahorros pueden ser feas a los ojos de los observadores pero, dejando aparte que devolvió los dineros, es lo que estaba establecido en “aquellos viejos tiempos” y no hay nada escrito que convierta ese cobro en un delito.
También se ha rebajado de seis años a seis meses la sentencia del que fuera presidente de Baleares, que de ese modo no ingresa en prisión por la causa sentenciada y recurrida, aunque tenga otras muchas pendientes, lo que no deja de ser un “revolcón” para la instancia más baja. Y aun se podría poner como ejemplo un tercer caso, el del ex ministro José Blanco, declarado inocente en un asunto, del que nadie se acuerda ya, pero que a fin de cuentas descarriló su carrera política y cambió el curso de su vida.
La reflexión, como es obvio, se hace sola: ¿cuándo excluimos de la política a alguien? ¿Es legítimo que los medios informativos y la sociedad segreguen a alguien acusado y no condenado? Pepe Blanco, eso es seguro, medió para que le dieran una licencia a un amigo; pero el castigo de los tribunales reclama que esté probado documentalmente que por ello percibió un dinero u otra recompensa.
Anotemos de paso, aunque su asunto no ha llegado al Supremo, el caso de un alcalde valenciano, el de Chiva, que ha sido exonerado de toda culpa por el tribunal que le juzgó de graves acusaciones. ¿Qué hacer con José Manuel Haro? ¿Además de rehabilitarlo, como se ha hecho, en sus cargos de partido, cómo recomponemos su fama perdida en el episodio?
Estos asuntos deberían ser objeto de reflexión, tanto en los medios informativos como en los partidos, de cara al ya inminente debate pedido por la oposición con la intención de que se trate el Caso Bárcenas, y que el presidente Rajoy quiere extender a otros asuntos de la actualidad económica y política. La impaciencia periodística, natural por definición del oficio, trae también complicaciones cuando todo se llena de desmesura y las tertulias se convierten en improvisados tribunales que juzgan y terminan por imponer lo que se llama “penas de telediario”.
Fútbol como antídoto
No sería leal a mi forma de ver el mundo si no anotara, al final de esta crónica, mi impresión de que el fútbol se ha convertido, en la España de la gran crisis de valores, en un antídoto para tantas penas, amarguras y frustraciones. Desde mi punto de vista es bastante lamentable que ocurra pero estamos, si de deportes se trata y hablando de fútbol mucho más, ante uno de los pocos referentes de identidad que quedan en el mundo globalizado. Uno ya no es español o valenciano, sino “de la Roja” o “del Madrid”. Hasta el punto que eso configura –o mejor desfigura– personalidades y modos de concebir la vida.
Con todo, la contratación por el Barcelona de un entrenador nuevo se ha convertido en un inaguantable espectáculo que hace insoportables los telediarios en particular y la información en general. La llegada del tal Tata se está presentando como si fuera el advenimiento de un dios, con unas insufribles secuelas para la educación de una juventud a la que habría que dar otros ídolos y otros referentes más nobles.
No hablemos de los vergonzosos episodios de elusión de los deberes fiscales de un jugador de ese mismo equipo, el señor Lionel Messi, que están pasando en los medios informativos sin pena ni gloria, sin que nadie los quiera investigar ni comparar, cuando son una inmoralidad que debería haberle inhabilitado para la profesión y apartado del deporte profesional. Pero mientras loa abogados de Messi negocian con Hacienda la solución de un fraude fiscal de 4,6 millones… no estaría de más señalar que la evasión fiscal del administrador del PP Luis Bárcenas es apenas un poco mayor, de 6,5 millones de euros por el momento.
Pero, al igual que ocurre con el dopaje del ciclismo, los periodistas españoles y sus empresas, no quieren llamar corrupción a lo que emana del deporte profesional. Qué cosas.