Un pensionista es el hijo del lector de esta página, dentro de 20, 30 o 40 años. O sea, un pensionista es un ciudadano normal, macho o hembra, que ha trabajado a lo largo de su vida en varias empresas y ha cotizado, tanto él como sus patronos, un porcentaje de su sueldo. La pensión no es una caridad que conceda generosamente el Estado, ni una gracia, ni una limosna, ni una dádiva, sino un derecho. A menudo los políticos, tanto los gobernantes como los que se encuentran en la oposición a la espera de que cambie su suerte, se dirigen a los pensionistas como si los jubilados tuvieran las entendederas maltrechas, no comprendieran el idioma que hablamos los españoles y, sobre todo, con un deseo de protección y defensa.
Los pensionistas no necesitan que les protejan o les defiendan: lo que necesitan es cobrar su pensión. El problema del alargamiento de la vida conlleva un peligro para esta especie de compañía de seguros obligatoria y estatal, a la que denominamos Seguridad Social, y es que su fondo de capital se agote, si seguimos a este ritmo, y dentro de 20, 30 o 40 años, cuando nuestros hijos aspiren a cobrar una pensión, tengan que aspirar todo el rato porque sólo quedará aire.
Esta problemática situación se tiene que abordar, porque prolongarla sería una canallada para nuestros hijos, pero también sería una canallada aprovechar que el río de las rebajas pasa por la orilla de las pensiones para meter la tijera más de lo que sería menester. Y, asimismo, constituye una demagogia indecente afirmar que no pasa nada, y que esto es un capricho de los bancos, de los masones, de Estados Unidos y del capitalismo en general. Por favor, hablen con naturalidad. Ya sabemos que los jubilados siempre han sido ese oscuro objeto de deseo de los políticos que piensan sólo en las urnas y nunca en las generaciones venideras. Y no se pongan ni magnánimos, ni indignados, ni abusones, ni cansinamente protectores. Expliquen las cosas. Y escuchen, porque escuchar sólo a los expertos suele dar lugar a desviaciones dolorosas.