Llevamos casi los 40 años que dura la Transición política embistiendo contra el Estado español y debilitándolo hasta el extremo. Y no me refiero sólo a las llamadas nacionalidades históricas —Cataluña y País Vasco—, que tienen rasgos distintivos de una personalidad propia, sino hasta inventos inauditos, como los de Castilla-La Mancha o Cantabria.
En una alocada carrera hacia el “todos iguales”, exigida por la mayoría de las Comunidades de nuevo cuño, y respondida “pues entonces nosotros más”, de las Comunidades históricas, España parece cogida por los alfileres comunes de la crisis económica.
En éstas, la aparición de un fenómeno político antitradicional, antisistema y antiformal, como Podemos, sorprendentemente no cuestiona tanto a España como a sus políticos, no critica a Madrid, sino a las élites extractivas, tanto sean murcianas o leonesas, como de Euskadi o Cataluña.
La primera reacción de la izquierda separatista en esas regiones ha sido de asombro; luego, de indignación. El derecho a decidir apoyado por Podemos es un enunciado teórico para, en la práctica, abogar por el statu quo español, reformando totalmente sin romper España. O sea, que los votantes de la nueva formación proceden de todas partes: también de la CUP, Bildu y otros secesionismos donde al parecer se hallaban de prestado.
Ésa es una más de las indecisiones doctrinales de una formación que se va haciendo, deshaciendo y rehaciendo sobre la marcha y que ignora casi todo salvo su carácter específicamente español.
Lo único que ha demostrado, pues, hasta ahora, Podemos es que hay una enorme masa desencantada de la política y de los políticos, dispuesta a seguir al primero que la ilusione, ya sea nacionalista, inconformista, extremista o innovador. Pero el separatismo, para seguir gobernado por la misma gente, no parece la mejor solución.
Enrique Arias Vega