En la actualidad los ciudadanos consideran como uno de los principales problemas de España lo que el bolivariano Pablo Iglesias denomina la “casta política”. Quizá por este motivo, y por los recientes acontecimientos, como el auge de nuevos partidos y movimientos sociales, el Gobierno haya anunciado estos días la puesta en marcha de un “gran pacto” de regeneración democrática, para el que se reunirá con todos los grupos parlamentarios, especialmente con el PSOE.
Sin embargo, la respuesta del que es, por el momento, el principal partido de la oposición, cómplice del PP de la situación actual de déficit democrático, no parece muy en la línea de querer llegar a acuerdo alguno: el Secretario General de los socialistas valencianos y Secretario de Reformas Democráticas del PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que “regeneración democrática y PP son una contradicción en sus propios términos” y ha remarcado que “es como si un ladrón decidiera dedicarse ahora a vender alarmas antirrobo”. Esto lo dice quien lleva mamando de la teta de lo público más de treinta años: toda una vida al servicio de los ciudadanos.
Y es que, como ya dijera Juan José Toharia, Catedrático de Sociología y Presidente de Metroscopia, el problema no son los partidos, sino estos partidos. Fíjense en un detalle: los gastos de las pasadas elecciones europeas ascendieron a 161,1 millones de euros, de los cuales 53 millones fueron destinados directamente para actividades ordinarias de los partidos políticos, cuyo grueso, evidentemente, se llevaron los dos principales partidos españoles (que se gastaron nuestro dinero, entre otras cosas, en desplazamientos en jets o helicópteros privados “para no llegar tarde” a los distintos actos de campaña). Y si bien en la propuesta del gobierno se incluyen medidas como la modificación de la actual regulación sobre concesión de indultos o la reforma de la iniciativa legislativa popular, lo cierto es que las más importantes se quedan fuera (eliminación de barreras electorales, elección directa de los representantes, obligación de primarias en los partidos) y muchas de las que hay se quedan a medio camino (como la prohibición de condonación de las deudas de los partidos por las entidades financieras por encima de los 100.000 euros).
Si lo que pretende el Gobierno estas medidas de regeneración democrática es, tal y como afirma, “reforzar el sistema democrático y favorecer que los ciudadanos se sientan reconocidos y representados por aquellos a quienes han elegido”, no pueden amparar una reforma de la ley electoral que se convierte en antidemocrática porque dinamita el actual sistema de representación proporcional, por mucho que a algunos, entre los que me incluyo, no nos guste que acabe siendo alcalde de nuestro pueblo quien no ha llegado ni al 10% de los votos por el hecho de haber sido llave de gobierno: existen muchas otras posibilidades en las que el PP y el resto de partidos deben profundizar. Si lo que pretende el Gobierno es la supresión de las donaciones de las empresas a los partidos, para evitar posibles tratos privilegiados a las mismas, debe prohibir igualmente las donaciones que realizan las empresas a las fundaciones ligadas a dichos partidos (lo que no ocurre con los cambios introducidos por el Gobierno) porque al final es lo mismo.
En definitiva, es evidente la necesidad de una regeneración democrática, pero mucho más profunda y distinta que la planteada por el Gobierno.
Los comentarios están cerrados.