No seré yo quien compare los veinticuatro años de alcaldesa de Rita Barberá, con los cuarenta de la dictadura militar de Francisco Franco. Respeto mucho a las urnas y a la libertad de voto de mis conciudadanos para no reconocer a Rita como a mi alcaldesa aunque no la haya votado nunca. No obstante, la actitud del PP valenciano respecto al cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, deja espacio suficiente para la búsqueda de similitudes.
El lunes se aprobó la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad que le fue concedida al dictador Francisco Franco, en 1942. La decisión se tiene que ratificar en el Pleno del viernes, el último Pleno antes de las elecciones de mayo. ¿El último con Rita como alcaldesa?
Hace solo dos meses se aprobó, en Junta Central Fallera, la retirada del “Bunyol de Brillants” a Franco. La máxima distinción fallera se le había concedido al Dictador en 1947. La retirada de la distinción la asumió la Junta Central Fallera, es decir, todos los Presidentes de las fallas de Valencia, porque así lo decidió Barberá escudándose en la autonomía del Organismo, como si ella no fuese la Presidenta Nata y su concejal de fiestas el Presidente Ejecutivo. Podía haber tomado la decisión política el Pleno de la corporación, los grupos políticos la habrían apoyado unánimemente, pero ella prefirió no hacerlo y trasladar la responsabilidad a otros.
Además, Franco era Alcalde Honorario de Valencia desde 1947 y una vez promulgada la Ley de Memoria Histórica en el 2007, la oposición municipal exigió, en varias ocasiones, el cumplimiento de la norma y la retirada de ese
nombramiento, encontrando siempre la negativa del PP de Rita. La última vez, en 2012, la negativa originó una demanda en los tribunales y el consiguiente mandato judicial para que se retirara formalmente dicho cargo honorífico.
Franco dejó de ser Alcalde de Valencia porque lo decidió un juez, no Rita Barberá.
La Ley de la Memoria Histórica establece medidas en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar,
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.
La ley establece claramente que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”. No existe lugar a dudas, el mandato es indiscutible, pero al PP valenciano le cuesta cumplirlo y lo que es peor, Rita y los suyos tienen mucho interés en que eso se sepa. Que se sepa que no es su ley y que no les gusta.
Jose Luis Abalos, en nombre de los socialistas valencianos, ha anunciado el inicio de procesos judiciales contra aquellos alcaldes de la provincia que no acepten retirar la simbología, menciones conmemorativas o distinciones a
personalidades franquistas. En la ciudad de Valencia hay muchos detectados.
Este tema no afecta solo al pasado de nuestros abuelos, sino también al futuro de nuestros hijos. Los jóvenes tienen que saber lo que supuso el franquismo y lo que representan sus símbolos, porque la ignorancia es el caldo de cultivo para la intolerancia. La desmemoria, el olvido intencionado o el mantenimiento de un falso relato, abren la puerta a esas manifestaciones de jóvenes con los brazos en alto, que todavía vemos demasiado a menudo.
Hay que terminar ya con esa apariencia de normalidad que el PP de Rita le quiere dar a una dictadura de duró cuarenta años y que causo mucho daño en este país. Esta semana se ha quitado una medalla, a partir del 24 de mayo se podrán cambiar más cosas y más deprisa si las urnas así lo deciden.