Una Constitución de todos. El 6 de diciembre de 1978, los españoles fueron convocados a su segundo Referendum, el primero había sido en 1976 para aprobar el Proyecto de Ley para la Reforma Política. La Transición a la Democracia comenzó verdaderamente en julio de 1976 con la designación de Adolfo Suárez como primer ministro, el verdadero impulsor de esa Reforma Política que finiquitaba el régimen de Franco y nos abría a un proceso democratizador de carácter irreversible. Con casi 40 años ya a sus espaldas, nuestra joven Constitución nos ha deparado la mayor etapa de prosperidad y paz de nuestra convulsa historia constitucional. Ahora que vuelven a alzarse voces desde la izquierda y también por los emergentes, demandando borrón y cuenta nueva para partir de cero. Habría que plantearse si realmente los españoles tienen entre sus prioridades el abrir un nuevo proceso constituyente. Un proceso constituyente que es en origen, el germen de la democracia y cuyo fin es generar una nueva constitución para, según sus defensores, adaptarla a las necesidades actuales de la población. Un proceso que en el actual contexto socio-político nada tiene que ver con aquel que desde 1977 a 1978 estableció las bases de nuestra arquitectura constitucional, a partir de una premisa que ha caracterizado y ha sido reconocida por todos y que ahora dista mucho de ser ser así: el consenso.
Erigir un proyecto nuevo para la nación más antigua de Europa fue una ardua tarea. Una labor que nos permitió construir unidad a partir de nuestras diferencias, de todo ese legado de pluralidad que rezuma por cada poro de este país y que el Texto Constitucional asumió para generar ese principio constitucional, la unidad de la nación española, sobre el que se asienta nuestro bienestar. Una unidad en torno a un modelo territorial, la España de las Autonomías, que nos ha permitido vertebrar mejor este país en todos los aspectos. Una Constitución que nos ha permitido transitar del pasado al futuro, colocándonos en la primera línea de las democracias modernas, a la vanguardia del reconocimiento y garantía de derechos y libertades. Un marco que se nos presenta como la mejor garantía para seguir avanzando juntos y poder afrontar con garantías un futuro común de libertad, prosperidad y bienestar.
Un Texto en plena vigencia y que puede asumir los retos de una sociedad cosmopolita, desde la lealtad institucional y sin necesidad de violentar los consensos constitucionales que permitieron su nacimiento. Retos que deben asumirse para mejorar la calidad de nuestra democracia, avanzando en todas aquellas reformas necesarias para afrontarlos con garantías. Debemos actualizar esa Carta de Servicios que garanticen los servicios básicos esenciales indistintamente del territorio, con una financiación estable y suficiente para todas las CCAA. Inculcar esa pedagogía patriótica de respeto a nuestros símbolos que tanto admiramos en aquellos países de nuestro entorno.
Reformas que impulsen la cooperación horizontal para mejorar las relaciones entre el Estado y las CCAA. Así como una Reforma de la LOREG, por la que la responsabilidad de gobernar la asuma el Partido más votado, desde el respeto a la costumbre constitucional de que solo formará gobierno la candidatura mas votada en España. Y en el ámbito municipal, la lista más votada, pudiendo establecer una prima de gobernabilidad para asegurar ese respeto a la voluntad popular emanada de las urnas. Una Reforma de la LOREG que siga adecuando los procesos electorales a las nuevas realidades sociales, con un sistema de doble vuelta que asegure esa vinculación entre el resultado y la voluntad de los votantes.
Reformas que deben alcanzar al Congreso, adaptando su reglamento a la natural evolución del entorno político. Flexibilidad, transparencia, participación y rendición de cuentas ante una sociedad más exigente, de forma que recupere ese protagonismo perdido en la política nacional. De igual modo en la Cámara Alta, donde hay que llegar por fin a la tan ansiada reforma que desarrolle esa naturaleza territorial que sigue pendiente. Un Senado que debe convertirse en un verdadero espacio de concertación y cooperación de las CCAA, entre sí y con el Estado. Ambas Cámaras deben responder a ese principio irrenunciable de más sociedad, mejor gobierno.
España debe situarse a la vanguardia desde ese espíritu reformista que el Partido Popular ha sabido impregnar a su acción de Gobierno. Es hora de seguir trabajando juntos en este gran proyecto que construimos entre todos, por encima de diferencias, oportunismos y cálculos electorales. Nuestra Carta Magna nos acoge a todos sin excepción. Honrémosla demostrando madurez democrática.
Juanvi Pérez