Elegir en esta tierra un tema del que hablar es realmente complicado porque cada día te levantas con noticias que dan para ampliar varios volúmenes la enciclopedia británica, así pues hablemos de algunos de ellos.
Aeropuerto de Castellón. Construido por el abuelo para mayor gloría de las tierras del norte. Su coste hasta la fecha, atendiendo a las cifras oficiales ha sido 150 millones de euros. Su coste de mantenimiento según presupuesto de la Generalitat 17 millones. Viendo que se ha cerrado un acuerdo con Ryanair para 60 mil pasajeros (cláusulas secretas al margen) eso supone que les pagamos un vuelo a Inglaterra a todos esos pasajeros en caso de llegar a cubrir el cupo. Pero ya se sabe que una de nuestras señas de identidad es la exageración.
Pérdida de papeles del caso Blasco. Una de las obligaciones de los funcionarios y especialmente los altos cargos de la Generalitat es la guarda y custodia de los documentos y expediente. Que se haya perdido un expediente completo en la administración no es raro cuando se dan determinadas circunstancias como es traslado, pero lo que resulta extraño en el caso de la pérdida de este expediente es que se le eche la culpa a la policía y a la falta de cuidado a la hora de fotocopiar de un funcionario siendo, como es, un expediente especialmente sensible. Otra muestra de nuestra identidad, el “malfaener”.
Señas de identidad por ley. El intento por atrapar todos los votos perdidos por el PP en estos veinte años de mala gestión, despilfarro, corrupción y austeridad hace que viejos y nuevos conseller, como el señor Santamaría se inventen leyes de reafirmación patria. Prohibir o sancionar legitimidades identitarias al final de legislatura es un despropósito que es una medida propagandística para presentar a la oposición con su previsible voto en contra, presentarse como los únicos defensores de los intereses valencianos. La derecha regional no cuenta con una cosa y es con la inteligencia de la gente y con que esas maniobras orquestales no son seguidas por la ciudadanía que, encuesta tras encuesta, legitima a Compromís como la fuerza política que mejor defiende los intereses valencianos. Su mera propuesta ya ha generado conflictos entre instituciones estatutarias como en la Academia Valencia de la Lengua y el Consejo Valenciano de Cultura.
Guardería de Paterna y empresa mixta. Paterna es una de esas ciudades del cinturón rojo de Valencia que históricamente ha sido de izquierdas y republicana. Sólo en dos momentos puntuales el gobierno de esta ciudad ha sido gobernada por la derecha (al margen de la oscura etapa del franquismo) en los últimos 37 años y en ambas ocasiones, los que han sido alcaldes por la derecha no han salido muy bien parados. Incluso Lorenzo Agustí del que se llegó a hablar como la gran esperanza azul de renovación ha acabado con un pufo de proporciones millonarias. Su proyecto de macroguardería non nata y el trabajo desarrollado por la empresa mixta empresa mixta Desarrollo Local de Paterna, SA, cuya única actividad ha sido pagar un informe jurídico al bufete de otro insigne de la derecha regional como es el bufete Broseta Abogados, le han llevado a la dimisión y previsiblemente al banquillo de los acusados. Nunca mejor que en este caso aquello de “aço ho pague jo” es decir, nosotros el pueblo.
La Perlas. La línea roja del presidente de la derecha regional señor Fabra responde a una geometría variable que la convierte en una especie de lapsus freudiano. Por todas partes se le escapan especímenes de evidente moral dudosa sea diputado y miembro del Consejo Jurídico Consultivo Francisco Camps, sea el alcalde interino de alicante, Andrés Llorens, sea el edil de Hacienda de ese mismo ayuntamiento, Juan Seva, sean los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, sea el concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, sean los alcaldes imputados de Cullera, Ernesto Sanjuán y la de Paterna, Elena Martínez o sea doña Milagrosa Martinez, alcaldesa de Novelda, consellera de Turismo y presidenta de Les Corts por mencionar unos pocos del centenar largo de cargos públicos de la derecha que están imputados (investigados) por la justicia. Investigación de su culpabilidad que, presumiendo inocencia, no altera en nada la veracidad de las pruebas contra ellos.
Sindic de Comptes y Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Comptes y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas han firmado un acuerdo para colaborar en la lucha contra el fraude y la corrupción. Traigo a colación este acuerdo entre dos instituciones no porque me parezca mal sino porque me sorprenden dos cosas. Una que se haya firmado tras casi cuarenta años de existencia de ambas instituciones y dos que haga falta firmar unos papeles para que se remitan informes sobre presuntas irregularidades que pueden tener responsabilidades penales para que actúe en su ámbito jurisdiccional un tribunal como es, en este caso, el de cuentas. Creo que es más un movimiento de propaganda al estilo de la máxima lempedusiana que dice “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
Rescate por impagos. Montoro amenaza con rescatar la Generalitat si siguen los impagos a proveedores y empresas. En realidad esta amenaza es una muestra más de que en la próximas elecciones habrá cambio. Se trata de una amenaza argumentativa para posteriores acciones. Algo así como la profecía autocumplidora. El señor Montoro sabe, como lo sabe el señor Fabra que las cuentas de le Generalitat son un auténtico desastre. A 1 de enero de este año, sólo una semana después de aprobarse los presupuestos de la Generalitat, este documento era papel mojado y ya empezaba, como mínimo, con 6.000 millones menos de los presupuestados dado que ni el estado iba a pagar los 1.100 millones que se le pedía, ni estaban presupuestados los 700 millones que se han de abonar por diferentes sentencias judiciales (dependencia, farmacias, subvenciones a la vivienda, etc), ni estaba presupuestado el incremento del déficit que es, más o menos, 2.500 millones, ni los pagos por incremento de los intereses a bancos (que ha pasado del 0% al 0,8%) etc. Todo eso sumado a la deuda que, en diferentes formas, alcanza los 38.000 millones de euros. Como ambos responsables son conocedores de estas cifras, saben que el gobierno entrante en junio próximo no le va a quedar más remedio que rehacer el presupuesto con aquello que el actual no comprometa o gaste y eso, sí o sí, va a suponer impagos, reordenación de partidas presupuestarias o rescisiones de contratos a corto plazo. Así el señor Montoro, que todavía será ministro de hacienda cuando haya nuevo gobierno en la Generalitat, podrá argumentar que esa amenaza, reiterada con anterioridad, ya la hizo con un gobierno de PP y por tanto legitimará por esa vía, la intervención de la Comunidad Valenciana en julio próximo. Diga lo que diga ahora, en precampaña electoral, el señor Beteta las situaciones que ocurran en el futuro inmediato se achacarán al nuevo gobierno y serán el argumento para la intervención, incluso antes de los cien días de respeto.
Encuestas y en cuestas. Dentro de unas semanas, tras el parón de las elecciones andaluzas empezaremos a conocer estimaciones creíbles de votos en la Comunidad Valenciana. Mientras tanto nos entretenemos con las que, reales o no, deslizan distraídamente las partes interesadas para generar opinión más que para conocer la opinión de la gente. En general y sin detenerse en detalles, la cosa parece clara. Habrá cambio de gobierno. Formará gobierno un partido o varios, distintos al que viene gobernando desde hace veinte años y el/la/los/las que asuman la responsabilidad de formar el consell deberán saber, desde ahora, que es lo que quieren y pueden hacer en 2015 y siguientes. Los programas electorales que se presenten deben pensarse en clave de programa de gobierno, algo que es más desagradable que escribir un desideratum de buenas intenciones, deseos o fantasmas. Pero es lo que hay y a quien no le guste, que no se presente para gobernar.