Asociación Impagados Vivienda: Que Fabra nos pague ya es una cuestión de voluntad política

La Associació Impagats Habitatge de la Comunitat Valenciana exige al president de la Generalitat, Alberto Fabra, que se les abone la totalidad de las ayudas a la vivienda pendientes de pago, un total de 250 millones de euros, con el actual Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Junto a esta petición que han remitido por carta a Presidencia han enviado más de 2.200 firmas recogidas a través de la plataforma de internet «change.org».

Asegura  que la normativa permite el pago, y pide al president que se reúna «en persona» y de forma «urgente» con los afectados. La Associació Impagats ha tenido acceso al documento ministerial que regula la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las CCAA 2014, concluyendo que el «El Fla 2014 permitiría pagar ya la totalidad de las ayudas a la vivienda a la familias». Por lo tanto, añaden «que pagar ya es solo una cuestión de voluntad política». En este sentido, afirman que «está en manos del President Fabra decidir si se pagan ahora la totalidad de las ayudas a la vivienda».

La asociación lamenta que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, «rehuye» reunirse con los afectados desde que el pasado mes de marzo «incumpliera su promesa» de pagar ese año 38,4 millones del dinero pendiente de pago.

«Rechazamos cualquier otro tipo de reunión que no cuente con la presencia del president de la Generalitat en persona», manifiesta en el escrito.

Considera además que la llegada del nuevo tramo del FLA para 2014 «debe servir para abonar la totalidad de la deuda en concepto de ayudas a la vivienda» a las familias que la esperan, en muchos casos desde hace más de 5 años.

La asociación argumenta que el FLA permite atender necesidades de financiación derivadas de déficit registrado en 2013 y años anteriores, que no hayan sido cubiertas por el FLA de ejercicios anteriores.

«La mayoría de nuestras ayudas cumplirían pues los requisitos pues han sido imputadas al déficit de 2012 (238 millones) y de 2013 (el resto)», asegura.

La asociación considera que, tras más de 5 años de impagos, 55.000 familias afectadas merecen ser consideradas «colectivo de cobro preferente».

Además, los afectados exigen al Consell que les acepte como “colectivo de atención prioritaria” en los planes de pago que está diseñando, junto a otros colectivos de sanidad, educación y asuntos sociales básicos.

La Plataforma recuerda que los que está en juego es un derecho constitucional básico, como es el derecho a una vivienda digna, de los ciudadanos, al tiempo que obligación del Consell, recogida en el Estatut d´autonomía.

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