La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado este viernes su “agradecimiento” respecto al acuerdo alcanzado por la compañía Baleària y la Generalitat Valenciana para fletar un barco, pero ha insistido en que se trata de un procedimiento europeo.
Ha recordado, asimismo, que el Ministerio de Empleo se ha reunido con las comunidades autónomas y ONG para trabajar “en un procedimiento común”.
Sáenz de Santamaría ha explicado que debe ser la Comisión Europea quien centralice la coordinación. “España demostrará su capacidad de acogida y solidaridad de sus ciudadanos si somos capaces de ir todos juntos, por eso trabajamos en un protocolo común que permita centralizar los esfuerzos de todas las administraciones, porque todas son diferentes, unas aportan unas cosas y otras, tenemos que ver cuáles son los mejores recursos y que podamos dar la mejor integración”.
La vicepresidenta ha recordado que existe un protocolo de actuación avalado por organizaciones internacionales para trabajar con solicitantes de protección internacional. “Es un protocolo exhaustivo y que tiene en cuenta que estas personas pueden quedarse con nosotros para siempre o, al menos, hasta que no se resuelva el conflicto en sus países de origen y eso tiene que estar bien organizado”, ha indicado.
PUIG PIDE A RAJOY QUE «SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS» PARA PONER EN MARCHA EL CORREDOR HUMANITARIO
En respuesta a la postura del gobierno central, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha enviado una carta al presidente Mariano Rajoy, en la que le pide que valore y «pueda ser realidad lo antes posible» la propuesta del Consell y la empresa valenciana Baleària, que ha puesto a disposición de la Generalitat el barco Martin i Soler para trasladar a la Comunitat a un total de 1.100 personas refugiadas desde Grecia o Turquía.
Así se ha manifestado Puig en la misiva, en la que ha pedido a Rajoy que «se tomen las medidas necesarias» desde la «lealtad institucional» para poner en marcha un corredor humanitario, ya que entiende que «cualquier medida que se tome en este ámbito debe de estar coordinada y autorizada por la Unión Europea y el Gobierno de España».
El jefe del Consell ha apuntado que la sociedad valenciana «se ha movilizado ante esta tragedia que ha devuelto imágenes ya olvidadas del siglo XX» y ha señalado que «instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas, sindicatos y muchos ciudadanos anónimos han manifestado su voluntad de ayudar a los refugiados». «Le pedimos que permita el ejercicio ciudadano de la solidaridad. Porque la solidaridad, señor Presidente, no se puede prohibir», ha añadido.
«En estos momentos en que Europa se enfrenta al mayor flujo migratorio que ha conocido desde la II Guerra Mundial, todos debemos poner nuestros valores por encima de cualquier dificultad», ha afirmado Puig en la carta, en la que ha añadido que «la mayoría de estas personas huyen de la guerra de Siria o Afganistán, dejando atrás sus hogares por temor a perder la vida, y esperan de los europeos, de su ciudadanía y sus instituciones, que demuestren con hechos la solidaridad por la que siempre hemos sido ejemplo en el mundo».
El ‘president’ también ha manifestado que la Comunitat «está dispuesta a ser solidaria y a dar ejemplo en la acogida a las personas que huyen de países en conflicto y buscan refugio». «Ningún ciudadano, ninguna ciudadana, entiende que la inacción, la parálisis o la inercia de una burocracia sin alma impidan que la ayuda llegue a los refugiados mientras estos mueren», ha asegurado.
Para Puig, hay que actuar «ya», por lo que «la ciudadanía valenciana y sus instituciones encabezadas por la Generalitat» hacen una propuesta «positiva que cuenta con apoyo de la sociedad civil y que es posible, eficaz y razonable».
«Estoy convencido de que únicamente desde la cooperación entre Administraciones podemos afrontar situaciones excepcionales como las que vivimos», ha apostillado.