El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la localidad valenciana de Paterna ha archivado la causa contra la alcaldesa, Elena Martínez, el exalcalde Lorenzo Agustí y otros cuatro concejales por el gasto en promoción de la Zona Franca. La causa partió de una denuncia de Compromís contra el Ayuntamiento de Paterna por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a la encomienda de Marketing del año 2013. Al respecto, Martínez ha recordado que el equipo de Gobierno decidió en la primera legislatura crear una empresa pública para prestar los servicios municipales. Entre más de una veintena de servicios se encuentra la denominada encomienda de Marketing, que engloba una gran variedad de servicios, entre ellos la Agencia de Desarrollo Económico.
Según la alcadesa esta Agencia se creó para ofrecer suelo municipal de Paterna a posibles empresas que quisieran instalarse en el entorno de los cinco núcleos empresariales que tiene el municipio, y también se ocupó de diversos gastos relacionados con la promoción de la Zona Franca.
La coalición Compromís denunció que el Ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública, «pero aprovechando una cuestión completamente administrativa, se ha querido engañar a la población y nos han acusado de corrupción, de actuar en contra de la legalidad y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales», ha subrayado Martínez.
En este sentido la primera edil ha reproducido una parte del auto de sobreseimiento, que señala que «ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa prestara el servicio de marketing al Ayuntamiento». «De las declaraciones se desprende que la prestación de servicio de Marketing Global por la Gespa significaba un ahorro por el Ayuntamiento y, además, éste no contaba con personal propio que pudiera realizar estos trabajos y la Gespa sí», reza en la resolución.
La jueza señala: «Por todo lo expuesto, el acuerdo adoptado por la junta de Gobierno Local en fecha 30/04/2013 por el que se aprobaba el anexo del ejercicio del 2013 de la encomienda de Marketing Global a la Gespa no es contrario a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio».
«DAÑO MORAL»
La alcaldesa ha lamentado que esta denuncia «ha costado a este grupo de concejales un gran descrédito del cual ya nunca se nos va a resarcir». La decisión de la juez «no nos quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que estar defendiendo nuestra inocencia. Nunca se abrió juicio, pues eran diligencias previas de investigación, sin embargo los grupos de la oposición nos condenaron», ha lamentado.
Además del «daño moral» causado, la alcaldesa ha recordado que «la defensa jurídica nos la hemos costeado de nuestro propio bolsillo los concejales afectados». El Ayuntamiento no se ha hecho cargo porque «no sería justo que de la irresponsabilidad del grupo Compromís tuviera que hacerse cargo la ciudadanía».
COMPROMÍS
Ante esta resolución, el candidato y portavoz municipal de Compromís per Paterna, Juanma Ramón, ha indicado en un comunicado que respetan la decisión de la justicia, pero ha asegurado que no están de acuerdo con esta decisión. Además, ha aseverado que si no hubieran sido expulsados del proceso, recurrirían el auto, y ha esperado que así actúe la Fiscalía.
A su juicio, «que ahora se cierre la vía penal y que se archive, no significa que no haya habido derroche de fondos públicos y que administrativamente el hecho sea impugnable». Compromís –ha agregado– «tiene la conciencia muy tranquila y continuaremos ejerciendo nuestro derecho y, evidentemente, nuestra obligación ahora como oposición y, a partir de mayo, como gobierno. No tenemos ninguna duda de que lo volveríamos a hacer. Hay que decir que el proceso judicial quedó viciado desde el momento en que Compromís, que era quien aportaba todas las pruebas, fue apartado del caso. Y ya esperábamos esta resolución judicial».