Arquitectos y aparejadores valencianos reclaman a la Generalitat una deuda de los últimos cuatro años. El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat y el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Comunitat han reclamado a la Generalitat los 700.000 euros que debe desde 2011. Concretamente un pago a 615 redactores de los Informes de Conservación del Edificio, que eran obligatorios para la concesión de las ayudas autonómicas a la rehabilitación.
En este sentido, a través de un comunicado, el decano de los arquitectos de la Comunitat, Rafael Durá, y el presidente del Consejo de Colegios de Aparejadores, Vicente Terol, exigen «el pago de los honorarios conveniados, sin ruido, sin alharacas, pero con determinación».
Los dos insisten que, tras «múltiples reclamaciones» y «ante el impago de la deuda contraída», no deben «permanecer callados» y manifiestan su «más firme oposición a que se agote la legislatura dejando una herencia de esa magnitud» y que, «además, se concentra especialmente en los más débiles» de sus respectivos colectivos.
Según explican, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda debía abonar su importe a cada técnico redactor, según un convenio suscrito en 2007 con los colegios de arquitectos y aparejadores de toda la Comunitat.
Así, en la última época, han recibido «promesas de pago del débito» que la Generalitat contrajo «con un buen número de colegiados que en su día realizaron informes para la conservación del edificio al amparo del convenio mencionado».
En el escrito destacan que «un buen número de los colegiados que brindaron su participación entusiasta en la elaboración de aquellos informes eran jóvenes técnicos con los que la crisis económica» sufrida en el sector «se ha ensañado de manera especial».
En este punto indican que, «para la administración autonómica, todos los autónomos en la Comunitat han cobrado las deudas pendientes», pero con los «numerosos arquitectos y arquitectos técnicos» que pertenecen a este régimen, «la administración ha incumplido su obligación de pago por los trabajos realizados» en su día, «a pesar de las múltiples reclamaciones», insisten.