Blasco niega cualquier relación «de amistad» con el presunto cabecilla de la trama

Blasco, quien también ha sido diputado ‘popular’, se ha pronunciado así en su declaración, como imputado, en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el ‘caso Cooperación’, en el que junto a él hay otros ocho acusados más, la mayoría de ellos ex altos cargos de la Conselleria de Solidaridad.

El exconseller, en los primeros minutos del interrogatorio del fiscal, ha intentado aclarar la relación que ha mantenido con Tauroni. Así, ha reiterado que no sabe desde cuándo lo conoce, puesto que es hace «muchos años» porque ambos han nacido en la misma ciudad. Así, ha puntualizado que en su declaración en instrucción dijo que lo conocía de toda la vida, pero hoy ha querido matizar que lo conoce personalmente desde hace 12, 13 o 14 años.

Blasco ha comentado que la primera vez que tuvieron una relación personal fue cuando ocupaba el cargo de conseller de Bienestar Social, puesto que se le había adjudicado un concurso. «Ahí llegué a hablar una o dos veces por motivos de trabajo, nada más». La relación se incrementó en la Conselleria de Solidaridad, «cuando empezaron a aparecer informaciones sobre organizaciones no gubernamentales –octubre de 2010–. Yo le llamaba y el también se interesaba por las informaciones que aparecían en prensa».

Así, ha comentado que a partir de esta fecha la relación fue «más frecuente», pero no tenían «una relación personal ni de confianza ni de amistad». Asimismo, ha destacado que «nunca» ha comido con él y que «nunca» ha estado en su casa, ni él en la suya.

 

Blasco dice que hizo suyas propuestas de los funcionarios de la Conselleria

El exconseller  Blasco ha asegurado este jueves que su única intervención en la supuesta concesión de ayudas de forma irregular a la Fundación Cyes consistió en hacer suya «la propuesta por unanimidad de la comisión técnica de evaluación» sobre adjudicación de proyectos de cooperación.

El exconseller ha informado a la sala, al inicio de su intervención, de que tiene intención de responder a las preguntas de todas las partes, salvo las de la Abogacía de la Generalitat, en coherencia con los argumentos de su defensa, que solicitó la expulsión de esta acusación en el proceso.

En su declaración, Blasco ha afirmado: «Mi única intervención en la pieza Cyes consiste en hacer mía la propuesta que por unanimidad acordó la comisión técnica de evaluación, trasladar la propuesta al Gobierno valenciano, pasar previamente el control de intervención y Abogacía de la Generalitat sin observaciones por parte de ninguna de las cerca de mil ONG que existían en la Comunitat».

Sobre este último aspecto, Blasco ha destacado que tampoco hubo «observaciones» de la coordinadora de ONGD, «tan dignamente representada en esta causa» como acusación popular.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, Blasco ha defendido que la convocatoria de los expedientes que han dado pie a este proceso fue «perfectamente legal y ortodoxa» y que «nadie nunca planteó ningún problema».

«Acepté la propuesta de la comisión técnica al cien por cien, incluso teniendo la capacidad de modificarla, nadie hizo en ese acta ninguna observación ni voto particular», ha insistido el exconseller.

Blasco ha defendido que no formó parte de la comisión técnica de valoración y que, como máximo responsable de la Conselleria, no tuvo conocimiento de la tramitación concreta de ningún expediente.

Ha explicado que convocó a los integrantes de dicha comisión porque el 31 de julio de 2008 debían haber tramitado las subvenciones correspondientes a grandes proyectos y no lo habían hecho «pese a tener firmada el acta» preceptiva.

«Esa comisión tenía el mandato de solucionar todos los temas relacionados con las subvenciones antes del 31 de julio porque si no era así aparecía la Conselleria de Hacienda y retiraba el 80 o el 70 por ciento de las ayudas que todavía no estuviesen tramitadas», ha agregado.

El exconseller ha asegurado que, por conveniencia de las ONG, se interesó por el acta de dicha comisión, porque era una «directriz del Gobierno valenciano» y ha negado que los funcionarios se negasen a entregarle dicha acta.

Sin embargo, ha reconocido que una de las funcionarias integrantes de dicha comisión, Teresa Clemente, expresó «dudas» sobre la experiencia previa de una de las ONG aspirantes a la obtención de ayudas, concretamente la Fundación Cyes.

El fiscal ha preguntado por qué Blasco dijo a los funcionarios que iba a revisar todos los expedientes que habían tramitado, a lo que este ha respondido que se sintió molesto por el hecho de que hubiesen agotado el plazo para dar trámite a los mismos porque «no podía fallar respecto al compromiso presupuestario del Gobierno».

«Les pedí un acta, la que fuera, les dije que se arreglasen como fuese, porque me daba lo mismo que estuviese una u otra ONG», ha insistido.

«Yo no sabía que se exigía un requisito de experiencia previa, y dije que no me iba de vacaciones para comprobar el resto de expedientes. Lo dije probablemente con el apasionamiento con el que hablo, pero sin afán recriminatorio», ha señalado Blasco, quien ha dicho que no abrió la caja con expedientes que encargó que se le facilitase.

«Si hubiese tenido la intención de favorecer a alguien, cosa que nunca se me ha pasado por la cabeza, no hubiese cambiado los requisitos para la concesión de las ayudas, disminuyendo las cantidades y democratizando las concesiones», ha concluido.

 

La Coordinadora de ONG pide ante el TSJCV la devolución de fondos de cooperación

Una veintena de integrantes de la Coordinadora de ONG para el desarrollo, políticos y sindicalistas han reclamado este jueves a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la devolución de los fondos de cooperación supuestamente sustraídos de forma ilícita.

El presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Carlos Javier López, ha insistido en la necesidad de «pedir que la Justicia sea ejemplar en la lucha contra la corrupción y que pueda garantizar la devolución de los fondos. Hay que defender la dignidad de los miles de voluntarios y personas que realizan aportaciones a la causa de la solidaridad».

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