El exconseller de Solidaridad Rafael Blasco ha recurrido la separación de piezas del ‘caso Cooperación‘, relativas a subvenciones de la Conselleria y a la construcción de un hospital en Haití, al entender que se pone en riesgo la imparcialidad de testigos, peritos y jueces. En general, considera que esta medida puede afectar a su presunción de inocencia.
Así consta en el recurso de apelación interpuesto por el letrado de Blasco ante la todavía magistrada instructora del ‘caso Cooperación’ en el TSJCV -el procedimiento podría derivarse a un juzgado ordinario tras la renuncia de Blasco a su acta de diputado-, en relación con la medida acordada de hacer dos piezas sobre la causa restante -la primera ya se ha juzgado y los acusados han sido condenados, y la segunda se ha dividido en dos-.
En concreto, la magistrada acordó separar en dos investigaciones diferentes las subvenciones por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas ONGs entre los años 2009 a 2012; y el proyecto de construcción de un hospital en Haití tras el terremoto. La jueza optó por esta solución en base, fundamentalmente, a la simplificación y activación del procedimiento, y para evitar dilaciones indebidas. También estimaba que no se veían afectados derechos constitucionales de los imputados.
Frente a esta resolución, algunos letrados de los imputados, entre ellos el que representa a Rafael Blasco, ha presentado un recurso al considerar que con esta división se puede afectar su derecho a la presunción de inocencia y que ha habido insuficiencia en la motivación, «que es equivalente a su ausencia».
La representación de Blasco critica que la magistrada se limita a hacer en su escrito en el que acordaba separar piezas afirmaciones generales en torno a la criminalización de los imputados, y a decir que a la ‘pena de banquillo’ solo se llega si se abre juicio oral, y que este juicio es el ‘único instrumento constitucionalmente válido de aplicación de la norma penal’.
Así, la jueza, estima el abogado del exconseller, no analiza ni pondera «desde ningún punto de vista» la afectación de la presunción de inocencia que se produce en este tipo de procedimientos «tomados de la mano de medios de comunicación que transmiten información ‘sui generis’, que llegan a los distintos sujetos relacionados con el proceso sean testigos, peritos, incluso jueces, sin que sea lógico concluir que en ningún caso quedarán afectados por dicha información».
En esta línea, vuelve a denunciar la afectación de la memoria e imparcialidad de peritos y testigos, la mayoría de ellos comunes en las distintas piezas: «No puede desconocerse la enorme afectación que para la memoria puede tener el dictado de una sentencia anterior en los distintos testigos y peritos, por más que tampoco puede desconocerse la naturaleza humana en cuanto a la afectación de la imparcialidad des testigo y del perito por todo ello».
«Y no se trata –agrega– de una denuncia genérica y que no va seguida de datos concretos, sino de una denuncia concreta sobre la total desaparición en estas piezas de las distintas prevenciones que la Ley de Enjuiciamiento Criminal adopta ya desde la instrucción para preservar la memoria, credibilidad e imparcialidad de los testigos y peritos en aras a garantizar que testimonios y pericias puedan convertirse en prueba de cargo».
Así mismo, esta parte considera que no se ha ponderado tampoco la puesta en peligro del derecho a un juez imparcial: «El presente procedimiento, sometido a la instrucción y resolución por medio de la sentencia de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, atendiendo a los magistrados que la componen, ya prácticamente a partir de la segunda de sus piezas, será sometido a juicio oral por algún magistrado de los que han conocido del juicio de la pieza 1 y van a dictar sentencia en el mismo, con grave afectación de la imparcialidad objetiva».
Por otro lado, indica –tal y como ya expuso en un recurso anterior– que no es posible compartir que la división o separación de piezas redundará en la activación y agilización del procedimiento, o que se puedan solucionar los problemas derivados del elevado número de expedientes y su gran complejidad y extensión.
Así mismo, alude a la conexidad de las dos piezas, y pone como ejemplo que hay imputados que coinciden en ambas piezas, además de su cliente; y señala que, además, «no existe la más mínima duda» acerca de que las distintas acusaciones en ambas piezas imputarán, como en la primera, que el origen de la actividad delictiva «surge de una supuesta relación entre Blasco y Tauroni, presuntos autores de una trama en la que han ido implicando a distintos funcionarios públicos para favorecer a las empresas del segundo a lo largo de los años».