Bonig acusa al Consell de obligar a los concejales a prevaricar con XarxaLlibres. La iniciativa de las ayudas a los libros de texto, a través de la iniciativa #XarxaLlibres, vuelve a cobrar tinte político. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido, con rotundidad, en las Corts la legalidad de la orden que regula el programa #XarxaLlibres, dado que cuenta con el informe favorable de la Abogacía, Sin embargo, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha acusado al Consell de haberle «pasado la patata caliente a alcaldes y concejales» porque existen, ha dicho, informes de los ayuntamientos y el Consell Jurídic Consultiu que ponen en cuestión este mecanismo y, por tanto, «les está obligando a cometer delitos porque dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad es un delito de prevaricación».
Bonig ha preguntado durante la sesión de control al ‘president’ por su valoración de la iniciativa puesta en marcha por la Conselleria de Educación y ha remarcado que los gobiernos del PP fueron «pioneros» en las ayudas para la compra de libros con el ‘bono libro’. A su juicio, XarxaLlibres es un ejemplo de la «improvisación, falta de rigor y capacidad de trabajo» del Consell.
Así, ha advertido de que un informe de la Abogacía señala que la orden que lo regula debe incluir cláusulas sobre el cumplimiento del compromiso de pago de la Generalitat, pero no existen, mientras que un informe del secretario del Ayuntamiento de Castellón informa desfavorablemente de la participación en el convenio en los términos en los que se presenta y «ya se están librando pagos en muchos ayuntamientos», pese a que hay informes, como uno de la Intervención, con reparos, ha indicado. Por ello, ha cuestionado si el Consell «sabe en qué responsabilidades pueden incurrir los concejales que están librando pagos sin el soporte legal de los informes técnicos».
Al respecto, Puig se ha preguntado «por qué no quieren que las familias tengan la ayuda de la Generalitat» y ha recordado que ese decreto está informado favorablemente por la Abogacía de la Generalitat. «Hemos hecho más en dos meses que ustedes en 20 años», ha recalcado, en referencia conccreta al programa #XarxaLlibres. Así, ha señalado que hace una valoración «extraordinariamente positiva» de la medida y ha precisado que a 16 de febrero había presentadas un total de 285.016 solicitudes para participar en el programa, y 114.924 estaban pagadas o en trámites de pago.
Respecto a la lealtad institucional
Bonig ha criticado que con esta medida se «endosa el pago y el trabajo a las diputaciones y a los ayuntamientos» y se ha preguntado si eso es «lealtad institucional». De hecho, ha planteado qué hubiese dicho el ahora presidente si siendo alcalde de Morella (Castellón) el presidente de la Generalitat le hubiese pasado «el marrón». «Estaría bramando», ha asegurado.
Ha incidido en que «hay cientos y cientos de informes que van a acabar en el Tribunal de Cuentas», donde podrían dar lugar a informes de responsabilidad contable «que pagarán alcaldes y concejales en lugar de su conseller y usted». «Su medida estrella va a acabar estrellándose», ha anticipado, antes de pedir a Puig que «no derive su responsabilidad en alcaldes y concejales».
El presidente ha ironizado asegurando que el PP «sabe alguna cosa de informes desfavorables de Intervención» y ha remarcado que los ayuntamientos -513 adheridos a XarxaLlibres– se han sumado voluntariamente y «nadie les ha puesto la mano en el cuello». «Ojalá hubiera tenido la Generalitat programas cuando yo era alcalde», ha indicado, para agregar que ahora «los ayuntamientos están más contentos porque ahí hay alguien para ayudarles».
«Usted es muy exigente y debe serlo porque es el papel de la oposición, pero llevan dos días, en 20 años no han hecho nada por los libros de texto«, ha continuado Puig, que considera que «lo que más les duele es que lo hemos hecho inmediatamente y con acuerdo con diputaciones y ayuntamientos». Así, ha pedido tranquilidad al PP porque «les queda mucho tiempo de estar ahí». «Respeten a los ciudadanos, eso es agradecer que este gobierno haga políticas diametralmente diferentes a las suyas», ha zanjado.
Por su parte, la diputada del PP Beatriz Gascó ha instado al Consell a rectificar este sistema «caótico e ilegal» y se ha preguntado «si son los únicos que no se dan cuenta de que están prevaricando». Ante estas afirmaciones, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado que hay dos modelos, el del PP que era «pagar 90 euros a una empresa» y el del actual Consell que consiste en «pagar 200 euros a la ciudadanía».