CACSA emprende acciones legales para aclarar lo sucedido con el mitin del PPCV de las europeas. 00 para un mitin de las pasadas elecciones europeas, en la etapa del anterior gobierno, «por un precio que no se ajustó a ninguna tarifa vigente».
Según ha informado CACSA en un comunicado, el PP celebró un mitin en el Ágora el 21 de mayo de 2014 en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en el que se realizó «una aplicación irregular de las tarifas por el uso de las instalaciones».
El secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de CACSA, ha señalado que es «inaceptable que se haya podido producir una subvención encubierta a un partido político por parte de una entidad pública».
Según ha anunciado Colomer, la medida adoptada «se toma tras conocer los informes técnicos de los que disponemos y que no se corresponden con la versión que ha dado el PP». Para Colomer, «sería un error» que «pudiéramos admitir con normalidad el uso partidista de unas instalaciones públicas que son de todos y que deben responder al interés general. No puede haber un trato de favor ni es correcto además sobre la base de minorar arbitrariamente las tarifas».
El secretario autonómico de Turismo ha destacado que es necesario «trabajar desde la igualdad de oportunidades» y ha hecho hincapié en que es «inaceptable que se haya podido producir una subvención encubierta, un privilegio, un regalo a un partido político por parte de una entidad pública».
El acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva faculta al director general de CACSA a proceder para que se ordenen las acciones legales pertinentes «con el objetivo de aclarar los hechos y que se abra la vía para recuperar la pérdida injustificada de ingresos por parte de CACSA».
En este caso, el PSPV ha denunciado que el PPCV pagó 5.000 euros, «como algo simbólico» por el alquiler del Ágora para un mitin el 21 de mayo de 2014, dentro de la campaña de las elecciones europeas y al que asistió el presidente del partido Mariano Rajoy. El precio público recogido en las actas del Consejo de Administración de la entidad establecen que el coste por dichos servicios –para el uso de la citada instalación– es de 40.000 euros, según los socialistas.