Carlos Fabra solicita documentación para acogerse al tercer grado

Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra ha solicitado la documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado y así conseguir la semilibertad de la condena que se encuentra cumpliendo en la cárcel madrileña de Aranjuez por el “caso Naranjax”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado que el pasado 17 de julio la sección primera de la Audiencia de Castellón, recibió un escrito de Carlos Fabra en el que se pedía un certificado de las cantidades abonadas para hacer frente a la responsabilidad civil.

Además de esta petición se da la circunstancia de que el exdirigente cumplirá los 70 años este mes de agosto y que el nuevo Código Penal prevé el tribunal o el juez podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado “por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad”.

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El origen del proceso fue en diciembre de 2003 cuando el propietario de la firma Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas en los juzgados de Nules donde acusaba a Fabra de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia se le sumó otra dos años más tarde por fraude fiscal.

Por Mariola Roselló