El secretario de Regeneración Democrática del PSOE y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha considerado que son los socialistas quienes deben dar el paso para impulsar «una iniciativa de reacción democrática» hacia cuestiones como la transperencia frente a la corrupción o el ejercicio honrado de la política. Así, ha indicado el PP no tiene credibilidad para la regeneración política y que «la política antidoping no puede hacerla quien fue dopado a elecciones».
El PSOE tiene intención de presentar en este nuevo curso político un completo Plan de Reactivación Democrática que, entre otras, incluirá medidas como poner un tope a la deuda de los partidos políticos, permitir que los parlamentarios coticen a la Seguridad Social y puedan cobrar el paro, limitar la llamada ‘puerta giratoria’ de los políticos e, incluso, cerrarla para los expresidentes de Gobierno, reducir aforados y limitar esa protección al ejercicio del cargo.
Así lo ha explicado a Europa Press el secretario de Regeneración Democrática del PSOE, quien será el encargado de presentar «una iniciativa de reacción democrática que ataque a cuestiones fundamentales» como «la transparencia como antídoto contra la corrupción», el ejercicio honrado de la política, la rendición de cuentas ante los ciudadanos o la participación de la ciudadanía en la vida de los partidos.
A su juicio, es el PSOE quien debe dar este paso porque el PP «no será creíble jamás mientras no asuma responsabilidades políticas» por asuntos como los casos Gürtel y Bárcenas. «¿Cómo va a ser creíble hablar de regeneración democrática desde un partido al que han sentado en el banquillo a tres tesoreros, del que un juez ha dicho con claridad que ha habido financiación ilegal y que sus obras se pagaron con una caja B, y cuyos dirigentes cobraron sobresueldos millonarios?, se pregunta Puig.
Para el también secretario general de los socialistas valencianos, la Justicia ha demostrado que el PP «ha ido dopado a las elecciones» merced a esa financiación ilegal, y ahora «la política antidoping no la pueden provocar aquellos que han sido los que han organizado este sistema».
Tras la decisión de publicar en septiembre las declaraciones de bienes de los miembros de la nueva dirección federal, Puig tiene intención de promover un código ético para la política que censure conductas que, sin ser delito, no pueden ser atribuidas a responsables públicos, como no pagar impuestos o multas. Se trata de «ir más allá» para que sirva de «agente remoralizador» de la sociedad.
El dirigente socialista, que tiene intención de reunirse con organismos como Transparencia Internacional, presentará medidas para asegurar el cumplimiento de la ley de incompatibilidades y para limitar o incluso cerrar «la puerta giratoria» entre política y empresas.
«Es evidente que hay que ejemplarizar absolutamente la vida pública y en una situación crisis como la actual habría que profundizar también en lo que son las incompatibilidades de los cargos públicos –indica–. Eliminar las posibilidades de las puertas giratorias y al mismo tiempo también dignificar la vida del político».
En ese sentido, se muestra partidario de que los diputados coticen por su actividad parlamentaria y puedan tener su seguro de desempleo en lugar de que fichen por una empresa donde puede haber colisión de intereses. «Prefiero que un diputado tenga seguro de desempleo a que pueda irse a trabajar a una empresa a la que ha beneficiado con sus decisiones», ha añadido.
Y también rechaza la «puerta giratoria» en el caso de los expresidentes del Gobierno, que a su juicio «pueden ayudar mucho» al país y deben tener su espacio y la contraprestación que reciben de los Presupuestos, sin necesidad de recurrir a ser contratados por multinacionales.
Otra de sus iniciativas irá encaminada a garantizar que la financiación de los partidos sea «absolutamente transparente», que combine recursos públicos con aportaciones de personas particulares (no empresas) y con la que se limiten tanto los gastos de los partidos como su capacidad de endeudamiento.
En su opinión, el endeudamiento de los partidos acaba produciendo problemas en lo que es la gestión ordinaria de los asuntos públicos: «No puede ser que se engorde de tal manera la deuda que finalmente esa deuda lastre incluso el funcionamiento de la democracia, porque los partidos políticos son esenciales para la democracia», sostiene.
Para Puig, los partidos no son sólo de sus militantes y dirigentes, sino «patrimonio del conjunto de la sociedad», y como tales hay que reforzar su transparencia porque los ciudadanos «deben saber qué está pasando dentro de los partidos políticos y debe haber una permanente fluidez de información para la toma de decisiones final, que es la de los ciudadanos».
Respecto al aforamiento, el dirigente del PSPV y del PSOE reclama «un estudio serio y riguroso» sobre los 10.000 cargos públicos que actualmente están protegidos por ese fuero, la mayoría de los cuales no son políticos, sino jueces, fiscales o policías. Todo ello para buscar una reducción pactada de ese número «en función del interés general»: «Puede ser que en otras circunstancias históricas tuviera algún tipo de razón, pero en estos momentos hay que resetear también grandes zonas del sistema», opina.
Pero también aboga por reducir el ámbito de aplicación del aforamiento y recuerda que en las Cortes Valencianas ya presentaron una iniciativa para limitar la protección al ejercicio del cargo, pues considera que «no tiene ningún sentido el aforamiento para personas que han sido pillados al volante con una tasa de alcohol superior a la permitida». «Lo que hay que garantizar es la libertad de expresión y ejercicio de los diputados y diputadas, pero nada más –subraya–. Todo lo demás, el ámbito privado es el ámbito privado».
Ximo Puig no cree que las investigaciones judiciales que han salpicado al gobierno socialista andaluz puedan frenar este tipo de propuestas porque son casos que «no tienen nada que ver» con la financiación ilegal de un partido y además cree que la Junta de Andalucía «actuó y actuó conjuntamente con la Justicia».
Pero, en todo caso, avisa de que «los corruptos no tienen bandera» y advierte de que aquel partido que proteja a un corrupto «tendrá que asumir su responsabilidad política», aunque sea en las urnas. «En estos momentos estamos ya en tiempo de descuento en la reactivación de la democracia. No puede haber pasos en falso», concluye.