Las tiranteces entre Compromís y socialistas a la hora de negociar el futuro Consell siguen saltando como chispas incandescentes. «Aquí hay quien quiere cambiar el cromo del Coyote por el de Messi», ha asegurado Mónica Oltra en alusión a que este último «es el bueno, el de la Generalitat» e insinuando que el PSPV está condicionando dar su apoyo a la investidura de Joan Ribó como alcalde de Valencia solamente a cambio de recibir Ximo Puig el apoyo de Compromís para ser President de la Generalitat.
Oltra ha hecho estas declaraciones con motivo de la rueda de prensa convocada en la que ha anunciado que el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo contencioso-administrativo, ha denegado el recurso presentado por el Consell a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que le condenaba por la negativa de entregar la documentación relativa a encuestas realizadas en período pre-electoral y que no se hicieron públicas.
La portavoz del grupo ha reseñado que de esta manera «se crea jurisprudencia a nivel estatal en cuanto a la entrega de este tipo de documentación, porque se suma a la sentencia del TS de 2013 sobre la contratación de la trama Gürtel».
Oltra, acompañada del diputado Fran Ferri e Isaura Navarro, ha explicado el contenido de la sentencia ante la demanda presentada por ellos mismos, que además condena a pagar en costas al Consell.
Por otro lado, Oltra ha asegurado que estudiarán la actuación del conseller popular José Císcar con la firma de negativa de entrega, por si pudiera constituir un delito de prevaricación.
La sentencia del TS, facilitada por Compromís a los medios, avala la demanda de vulneración de derechos fundamentales de los diputados al negarles el acceso a la información electoral. «La opacidad del Consell se debe a un interés partidista, y nosotros creemos que si el Partido Popular quería tener encuestas para su propio uso, no debía pagarlas con el dinero de todos los valencianos», aseguró Oltra. Además, cifró en 2.3 millones el coste de las encuestas hechas desde 2004 por parte del Gobierno valenciano y que no vieron la luz.
Finalmente, Compromís también valorará ante el Tribunal de Cuentas la posibilidad de reclamar que sea el propio Císcar quien asuma el pago de las costas – 3.000 euros – del proceso, al mismo tiempo que reclamó al todavía Consell «que retire todos los recursos que ha presentado en otras causas, que ahora sabe seguro que va a perder y que le costarán más dinero».