El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) será el encargado de juzgar la rama Fitur del «caso Gürtel» en cumplimiento del acuerdo adoptado este martes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que establece que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales. De este modo dimitir de un cargo no será una condición para que te juzgue otro tribunal.
En este sentido, será resuelto en los próximos días el recurso planteado por la Fiscalía Anticorrupción tras la renuncia a sus escaños de las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en el caso Fitur.
Esta resolución sirve para establecer un criterio general sobre a quién compete un asunto cuando un aforado renuncia a esta figura y si su enjuiciamiento pasa a ser visto por un tribunal inferior o no y a partir de qué momento.
Cabe recordar que actualmente, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo se ocupan de conocer las causas contra las personas aforadas, como diputados, magistrados o miembros del Gobierno.
Mediante este acuerdo, y a partir de este momento, los aforados ante el propio Supremo o los TSJ no tendrán opción a renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos, según ha informado el alto tribunal.
RECURSO DE LA FISCALÍA: LOS CASOS DE ANGÉLICA SUCH Y MILAGROSA MARTÍNEZ
El Ministerio Público presentó el pasado abril un recurso después de que el TSJCV dejara el caso en manos de la Audiencia Provincial al considerar que la renuncia a sus escaños en las diputadas autonómicas Angélica Such y Milagrosa Martínez conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados.
La Fiscalía recurrió al entender que dicha resolución no era ajustada a derecho y anunció un recurso por infracción de precepto legal y constitucional. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró incompetente para enjuiciar la pieza de Gürtel relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.
En la pieza 3 del ‘caso Gürtel’ están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa –considerados presuntos cabecillas de la trama–; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, la Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such -quien dejó su acta de diputada popular hace aproximadamente un mes- requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El PSPV, que ejerce de acusación popular en el ‘caso Gürtel’, varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.
A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market -y otras sociedades vinculadas-, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.