Desde primera hora de la mañana, alrededor de doscientas personas esperaban entregar su escrito en el registro de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social de Valencia, acompañados por miembros de la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia y trabajadores de los centros, que también han presentado escritos de solidaridad con los afectados.
Antonio Giménez, de CCOO PV, sindicato integrado en la Coordinadora, ha explicado a los periodistas que desde el pasado 8 de diciembre discapacitados, dependientes y personas de la tercera edad están recibiendo en sus domicilios un escrito de la Administración con la cantidad económica que deberán abonar por acudir a los centros.
Desde la llegada del escrito, solo tienen un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la Resolución de la Administración, y por ello hay han comenzado a hacerlo los primeros que la recibieron.
Según Giménez, este copago, que se realiza en virtud de la Resolución de la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, puede ir desde los cero euros, aunque los afectados también deben recurrir por si en el futuro deben hacer algún pago, hasta «los 1.800 euros, de los que hemos conocido algún caso de residencia o vivienda tutelada, cuyo importe es más alto».
En los recursos de alzada, los afectados manifiestan su «total desacuerdo» con una decisión que consideran «inhumana» e «ilegal, ya que se han incumplido varias condiciones previas a la implantación del copago que marca la propia normativa estatal y autonómica».
Por ello, piden la «inmediata paralización» del envío de resoluciones de copago y que se «deje sin efecto» las ya enviadas, hasta que se cree una Comisión de trabajo en la que estén incluidas las entidades representativas del sector y se defina «un nuevo modelo de atención».
Además, miembros de la coordinadora de Discapacidad y Dependencia y de la Plataforma contra la Ley de Dependencia también han presentado en el registro escritos de solidaridad con los afectados.
Según Antonio Giménez, en la Comunitat Valenciana hay cerca de 240 centros que se convertirán en «agencias de recaudación», ya que tendrán que ser ellos los que tengan que cobrar el copago a los afectados.
Además, solo del sector de la discapacidad hay alrededor de 4.500 personas afectadas, ha indicado el representante sindical, quien ha agregado que en los centros de atención hay cerca de 2.500 trabajadores.
Para calcular la cantidad que deben abonar se ha hecho un baremo con la pensión que reciben y la parte patrimonial o las rentas, aunque según Giménez, «es un copago muy alto el que tienen que poner», que supone hasta el 90 por ciento del coste de la plaza.
Esto supondrá que muchos tengan que abandonar los centros, porque sus familias no pueden asumir el coste, y también significará un problemas para los centros, que se vaciarán de usuarios, lo que abocará al cierre a muchos de ellos