En la reciente presentación de su libro, El problema valenciano tiene solución, Ximo Puig decicaba unas reflexiones a la existencia y funcionamiento de las diputaciones. Se trata de un debate necesario en tiempos de austeridad. La propuesta del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, se orientaba a la optimización de recursos, a la limitación del poder político de estos entes decimonónicos y a la aplicación de la Ley de Coordinación de diputaciones de 1983. Puig, relataba además el número de asesores de Presidencia -entre 35 y 40- y cifraba en más de 12 millones de euros de ahorro aplicando su plan. Lo que se dejó en el tintero el exalcade de Morella, es que estos pequeños reinos de taifa no hacen más que encumbrar a políticos con mando en plaza para que corten la cinta de alguna inauguración y puedan repartir ayudas económicas según su interés partidista.
A nuestro entender y una vez encetat el meló, la reforma debería ser más audaz. En estos tiempos de dificultades económicas en los que los ciudadanos nos apretamos el cinturón por encima de nuestras posibilidades, la apuesta debería ir encaminada a su desaparición. Las diputaciones le hacen un flaco favor al fortalecimiento de la personalidad valenciana, propician una absurda división provincial entre valencianos –un habitante de Segorbe, nunca había sido castellonense, si no segorbino y valenciano de Segorbe, como uno de Denia, tampoco era alicantino- y además son absolutamente ajenas a nuestra historia –el antiguo reino de Valencia se dividía en comarcas o gobernaciones que nada que tienen que ver con esta división impuesta desde Madrid. Pero además, estos entes –de los que cabe recordar que sus miembros no son elegidos de manera directa por los ciudadanos si no por los partidos políticos- son un coladero de empleados que trabajan para el partido y no para la ciudadanía. Coches oficiales, sedes, asesores, diputados, seguridad… y un sinfín más de gasto que nos podríamos ahorrar. Es tan fácil como transferir sus funciones entre ayuntamientos y Generalitat y que esos recursos fueran mejor gestionados. Recordemos que el contribuyente soporta con su bolsillo hasta 6 administraciones, a saber: europea, estatal, autonómica, provincial, en algunos casos comarcal y municipal. La petición de esfuerzos a los ciudadanos debe verse correspondida por los políticos, ya saben, aquello de la mujer del César.