Vila-real niega haber pagado gastos personales

El Ayuntamiento de Vila-real ha emitido un comunicado en el que asegura que todos los gastos en facturas a justificar pagadas con la tarjeta del alcalde se han hecho «en ejercicio de las responsabilidades públicas, tanto del alcalde como del resto de la corporación municipal», por lo que «no hay ningún gasto personal, ni de alcaldía ni de personal adscrito, pagado con cargo a las cuentas municipales».

El consistorio responde así a las informaciones difundidas por el grupo municipal del PP, en las que acusa al alcalde de Vila-real, José Benlloch, de hacer que los vecinos de la localidad «le paguen» más de 8.000 euros en gastos personales, «como desayunos, tapas y cañas», además de otros gastos en productos de cosmética supuestamente realizados en Madrid.

Así, el Ayuntamiento explica que el procedimiento de facturas a justificar utiliza tarjetas a nombre del alcalde «para facilitar el cobro inmediato a los proveedores, que se justifican convenientemente cada tres meses». «Las cantidades de aquellos gastos que no estuviesen convenientemente justificadas, se devuelven», ha añadido.

Además, señala que «no hay ningún gasto facturado ni pagado de estancias de hotel en el municipio de Honrubia», pues «las facturas relacionadas con este municipio corresponden a comidas realizadas durante viajes institucionales a Madrid en ejercicio de las funciones de alcaldía y acompañado por personal adscrito necesario para el ejercicio de estas funciones».

En lo referente a la facturación de productos de un establecimiento de Madrid, asegura que «en ningún caso corresponden a productos de uso personal del alcalde, sino a ambientadores de hogar que se están utilizando actualmente en el Ayuntamiento de Vila-real». En cuanto a la fecha de la facturación que «crea confusión», la alcaldía reconoce un «posible error humano o despiste», del cual ha dicho que «se dará cumplida cuenta en el caso de haberse producido».

El Ayuntamiento de Vila-real estudiará con detenimiento las manifestaciones realizadas por los representantes del grupo municipal del Partido Popular de Vila-real «para determinar las posibles actuaciones legales que se pudieran desprender».

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