El Ayuntamiento pedirá al Consell derogar el Plan del Cabanyal

El nuevo gobierno municipal de Valencia solicitará al Consell derogar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar. Se trata de un plan aprobado por el PP durante los años de mandato de Rita Barberá . La petición al Consell se hará por medio de la moción que el equipo de gobierno presentará en el primer pleno ordinario que celebre el consistorio.

De esta lo ha anunciado este viernes  Jordi Pérez, el segundo teniente de alcalde. Peris, que ha hablado de la primera reunión de la Comisión de Urgencia para el Cabanyal que tuvo lugar este jueves, ha destacado el «compromiso del nuevo equipo» de gobierno de «iniciar los trámites de anulación del Pepri», una decisión que ha de tomar finalmente la administración autonómica.

El concejal de València en Comú ha apuntado que en el próximo pleno, «el primero ordinario» de la nueva corporación local tras los pasados comicios municipales, el gobierno que preside Ribó presentará «una moción para instar a la Generalitat a que derogue el Pepri». Ha explicado que ésta será «una moción abierta al grupo de la oposición» que «durante la campaña electoral se manifestó a favor de la derogación» de este plan, en el que se incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través del Cabanyal.

El también portavoz del ejecutivo local se ha referido de este modo a Ciudadanos (C’s), que se ha mostrado en contra de esta actuación urbanística y que en la campaña electoral firmó junto con PSPV, Compromís, EU y València en Comú un documento de rechazo al Pepri y a favor de la rehabilitación y la protección del patrimonio del Cabanyal.

COMUNICAR AL MINISTERIO DE CULTURA

Ha argumentado la intención del ejecutivo municipal de comunicar al Ministerio de Cultura que prescinde del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar y que, por tanto, este departamento de la administración central puede dejar de trabajar en la adaptación de ese plan a la orden que emitió en 2009, en época del gobierno socialista, para paralizarlo por considerar que suponía expolio.

 

 

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