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El CGPJ premia dos proyectos de la Comunidad Valenciana

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha premiado dos proyectos de mejora de la Justicia desarrollados en la Comunidad Valenciana: la Oficina de Medidas Alternativas de la Audiencia Provincial de Alicante y el servicio de Ruedas de Reconocimiento de los juzgados de Valencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de esta forma, la autonomía ha obtenido dos de los seis reconocimientos concedidos en esta quinta edición de los premios Calidad de la Justicia, que han valorado la labor de distintos órganos judiciales de Alicante, Cantabria, Ciudad Real, Murcia y Valencia.
También se ha distinguido al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Cantabria, al Colegio de Procuradores de A Coruña, al Colegio de Agentes de la Propiedad de Murcia y a la empresa Fujitsu.

Según ha informado el CGPJ en un comunicado, el jurado ha estado integrado por los vocales del CGPJ, Francisco Gerardo Martínez Tristán, María del Mar Cabrejas Guijarro y Juan Martínez Moya; por la secretaria general del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; y por el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, quienes han examinado las distintas candidaturas presentadas.

En el caso de Valencia, se ha reconocido al magistrado-juez decano de los Juzgados de la capital, Pedro Viguer, «por su iniciativa de gestión para conseguir una justicia más eficaz, dando solución a las constantes dificultades que los jueces y las unidades de policía judicial se encuentran en la práctica de ruedas de reconocimiento».

La iniciativa puesta en marcha por Pedro Viguer permite «de forma permanente poder realizar una prueba capital en las investigaciones penales: la rueda de reconocimiento». Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad, excepto aquellos por delitos de violencia sobre la mujer, «pueden elegir colaborar con la justicia para liquidar su condena participando en ruedas de reconocimiento». La eficacia de la iniciativa, en marcha desde hace dos años, «ha provocado su extensión a otras capitales del Estado», según el TSJCV.

Em este caso, el Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia remite al decanato de los juzgados de Valencia un listado de penados condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad que voluntariamente acepten participar en el servicio. A aquellos que acudan para estar a disposición de las ruedas de reconocimiento se les computará un día de cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por cada día que comparezcan en los juzgados, con independencia de que resulten o no seleccionados para intervenir.

207 RUEDAS SOLICITADAS HASTA AGOSTO

De acuerdo con la Memoria de este servicio, hasta septiembre de este año, en los juzgados de Valencia se han solicitado 207 ruedas de reconocimiento, de las que se han suspendido 80 (más seis señaladas en 2013) y se han celebrado 113 (más otras 12 del año pasado). En este momento, quedan pendientes de celebración 15.

En Alicante, se ha valorado al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, por los proyectos desarrollados dentro de este órgano dirigidos a mejorar la calidad de la justicia y hacerla más accesible mediante programas de reeducación.

Según ha subrayado el TSJCV, con este reconocimiento el CGPJ reconoce el trabajo que, desde 2004, realiza Vicente Magro a través de la Oficina de Medidas Alternativas, entre las que se incluye de forma destacada la reeducación a maltratadores. Magro ha desarrollado durante una década una sucesión de protocolos para ejecutar penas «de formar alternativa, especialmente orientadas a favorecer la empatía del penado respecto de las víctimas».

La Memoria del programa destaca que, a falta de una regulación ad hoc específica en materia de mediación penal, esta oficina es una de las que la realizan a través del ofrecimiento desde la Presidencia de la Audiencia a los jueces de lo penal y de instrucción que en aquellos casos en los que así lo consideren puedan citar a la víctima y acusado a la oficina en aquellos procedimientos que pudieran ser resueltos por la mediación.

EVITA VICTIMIZACIONES SECUNDARIAS

De acuerdo con sus datos, se logra un porcentaje de éxito de un 57 por ciento, «lo que demuestra la importancia de ir reduciendo las cifras de pendencia de la jurisdicción penal mediante el recurso de la mediación penal». Por otro lado, señala que la impresión de las víctimas que han acudido a esta oficina para tratar con un mediador «les reconforta al evitar la victimización secundaria que supone acudir a un juicio oral a declarar».

Asimismo, se considera que la existencia de estas oficinas de coordinación «permite que las resoluciones judiciales de los órganos citados puedan ser cumplidas y ejecutadas, ya que la experiencia del funcionamiento nos ha demostrado las dificultades que hubieran existido para muchos órganos judiciales para poder ejecutar muchas de las resoluciones judiciales que dictaban relacionadas con las áreas antes expuestas».

Al respecto, apunta a que la atención a víctimas que hayan denunciado o no lo hayan hecho todavía, pero quieran conocer cuáles son sus derechos o que esperan de la justicia «permite que las víctimas incrementen su confianza en la justicia y evitemos que se aplique en ellas la denominada victimización secundaria».

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