El cierre de Radiotelevisión Valenciana podría costar más de 137 millones de euros sólo en personal, según cálculos del comité de empresa. Ex trabajadores del ente público han hecho circular por las redes sociales algunas cifras que aglutinan tanto datos ya conocidos como algunas estimaciones sobre las que no hay confirmación por parte de la Generalitat, lo que imposibilita a estas alturas conocer el coste real de la decisión que se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre.
Desde entonces, el personal de la radio y televisión públicas valencianas está en situación de «permiso retribuido»; es decir, cobrando pero sin trabajar. Este hecho lleva consumidos ya alrededor de 23 millones de euros. A ellos se añaden los 8 millones de euros que el comité de empresa cree que se sumarán por los salarios del centenar de empleados que componen la plantilla que se mantendrá hasta el cierre definitivo, previsto para la primera mitad de 2015.
Además, los dos expedientes de regulación de empleo que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses disparan el presupuesto. Según estimaciones del comité de empresa de RTVV, los salarios de tramitación del primer ERE ascienden a 10 millones de euros, mientras que el coste del segundo ERE, tal y como calculó Intersindical Valenciana, supera los 86 millones.
Las vacaciones pendientes más el preceptivo preaviso, cuando se empiecen a comunicar los despidos, añaden un gasto estimado de 5 millones de euros. Y asumir los pagos de la Seguridad Social para el personal de más de 55 años y hasta los 63 podría suponer entre 2 y 4 millones de euros más, según las mismas fuentes. Los dos planes de recolocación contratados por RTVV para buscar una salida profesional a los más de 1.600 trabajadores del ente suman más de 1,1 millones de euros.
En total, hasta 137 millones de euros se gastaría el ente público sólo en nóminas e indemnizaciones por despido. Según el comité de empresa, con ese dinero y la oferta de los sindicatos, RTVV habría producido y emitido programación hasta 2017. Y se podría llevar a cabo, de sobra, la promesa del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de reforzar los servicios públicos de la Comunidad Valenciana.